El socialista irlandés Proinsias de Rossa y la danesa Margrete Auken, de Los Verdes, aseguraron ayer, tras dos días de visita a la capital, que la reforma incumple, por tanto, la normativa europea.
Así lo dejarán constar en el informe oral que harán el próximo 10 de julio y en el escrito que presentarán en septiembre ante la Comisión de Peticiones. Aunque ninguno de ellos es vinculante, el caso podría llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, imponiendo al Ayuntamiento medidas compensatorias. Los europarlamentarios no quisieron valorar el ofrecimiento hecho por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de hacer un estudio de daños sólo en los tres proyectos de obra aún no iniciados porque se trata de «una declaración oral y no de un compromiso por escrito». Sin embargo, creen necesario que la declaración de impacto abarque la totalidad de la circunvalación, a pesar de que esté medio terminada.
El que hace la «trampa»
El irlandés y la danesa fueron muy críticos con el modo de actuar de los políticos. Tras asegurar que cambiar la denominación de la M-30 a vía urbana es una especie de «trampa» para evitar el estudio de los efectos negativos, afirmaron que la ausencia de este estudio «ha excluido a los madrileños y los ha tratado como súbditos, no como ciudadanos».
Además, ambos subrayaron que no existe confrontación entre la legislación española y europea porque «la que prima en todo momento es la comunitaria». Pese a ello, Proinsias dijo que incluirá en su informe una recomendación para una posible modificación de las leyes de España «para que no vuelva a ocurrir lo mismo en un futuro próximo».
Reprimenda a Aguirre
Cuando la delegación oficial llegó ayer a la Comunidad de Madrid, se encontró sólo con dos funcionarios. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, estaba en Israel, pero ninguno de los dos vicepresidentes ni los 13 consejeros se dignó a recibir a los europarlamentarios. Ambos aseguraron que esta reunión fue «una gran pérdida de tiempo».


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