El Cabildo de Lanzarote presentó este martes ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), la solicitud de Ejecución de Sentencia (de la de 2004) en la que se pide la nulidad del Real Decreto 547/2012, aprobado por el Estado en su Consejo de Ministros.

En un comunicado, la Corporación insular señaló que mediante este último Decreto, el Gobierno central convalidó el de 2001 que otorga los permisos de investigación de hidrocarburos a Repsol en nueve áreas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Así, la institución insular consideró en su demanda que la convalidación que ha realizado el Estado "es contraria e infringe de forma clara y patente los pronunciamientos de la Sentencia de 2004 del Tribunal Supremo, que anuló la autorización otorgada a Repsol por varios incumplimientos de la ley del sector Hidrocarburos y por no contar con las medidas de protección medioambientales ni el plan de restauración exigido".

En este punto, el Cabildo alegó en su demanda que "no es posible convalidar dicho acto, declarado nulo, y porque, a través de dicha convalidación, se comete un fraude de ley al dictarse una nueva autorización sin seguir el procedimiento legalmente establecido".

Explicó también en su demanda al TS que impugnan el acto de convalidación del Real Decreto de 2001 porque "se ha aprobado 11 años después, con informes y documentos medioambientales realizados en 2004 que se encuentran actualmente desfasados".

"es el primer paso jurídico"

Al respecto, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, destacó que "este ha sido el primer paso del frente jurídico que se abrirá a partir de ahora por parte de las tres administraciones implicadas a las que el Estado dio trámite de audiencia para presentar alegaciones, los dos Cabildos insulares y el Gobierno de Canarias".

"Presumiblemente —dijo— tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Fuerteventura, en cuyo poder ya obra esta solicitud de ejecución, presentarán sendos incidentes de ejecución de sentencia, al margen de que las tres instituciones prosigan con la presentación de un Recurso contra el propio Real Decreto que acaba de aprobar el Estado".

San Ginés subrayó que tampoco se descarta la petición de suspensión cautelar de las prospecciones, hasta que la Justicia decida sobre la demanda presentada por el Cabildo de Lanzarote, o las que pudieran presentarse por parte de las otras dos administraciones".

En esta línea, Pedro San Ginés se mostró "esperanzado" respecto al resultado que pudiera darse de la acción judicial emprendida y señaló que los servicios jurídicos de la Institución han encontrado jurisprudencia similar "avalada hasta en 20 sentencias anulatorias por convalidación de actos ya declarados nulos".

Por último, confirmó que desde las instituciones públicas se llevarán a ejecución diferentes iniciativas al Pleno de la Cámara del Senado, al Parlamento Español, al Parlamento Europeo y allá donde sea preciso y esté al alcance de las administraciones para parar las prospecciones".