En pleno acto final de la tragedia de los atentados terroristas de la pasada semana en Francia, Nicolas Sarkozy salió a la palestra para prometer castigos penales para aquellos que consulten páginas webs que hagan apología del terrorismo.

La futura norma propuesta por el presidente galo, que ya ha suscitado un encendido debate en el país vecino sobre su constitucionalidad, es valorada con escepticismo y cautela por expertos juristas e investigadores del terrorismo yihadista.

Más allá de distraer de los posibles fallos de los servicios de Inteligencia y Seguridad, ceder al tentador oportunismo electoral (los comicios presidenciales están a la vuelta de la esquina) y contentar a una opinión pública naturalmente alarmada, el anuncio de Sarkozy pone de manifiesto que el éxito y el fracaso de la lucha contra el terrorismo se decide en gran medida en Internet, en ese "campo de entrenamiento virtual" para terroristas, como lo denomina la UE en sus documentos.

Seguridad colectiva y libertades privadas, criminalización grosso modo y monitorización de presuntos sospechosos… Legislar sobre terrorismo en Internet no es sencillo; ser efectivos sin pisar derechos fundamentales es un reto.

Los expertos consultados por 20minutos.es no consideran adecuado un endurecimiento de las leyes antiterroristas en el sentido anunciado por Sarkozy. "La UE ya tiene herramientas para intervenir preventivamente", dice Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador del Instituto Elcano, "Sarkozy habló en términos imprecisos y quizá se le esté dando demasiada importancia".

"No se trata de inventar leyes nuevas cada vez que se produce un atentado terrorista", continúa Reinares, "sino de usar de manera más enérgica los instrumentos de los que ya se dispone".

"Legislativamente no hay que adoptar nuevas medidas", coincide Manuel R. Torres, co-director del Curso de Especialización en Análisis del Terrorismo de la UPO y profesor del Máster en Estudios sobre Terrorismo Internacional de la UNIR, "es peligroso hacer leyes orientadas a un futuro que aún no ha tenido lugar".

La propuesta del presidente francés no solo suscita dudas legales, también operativas. Penalizar la visualización -aunque sea de manera recurrente- de páginas web de contenido terrorista daría lugar al aumento de denuncias relacionadas con el terrorismo, algo que bien podría desembocar en la saturación de los servicios de Inteligencia implicados en el rastreo de redes antiterroristas.

Desde el 11-S hasta hoy, la preocupación de los Gobiernos por neutralizar la creciente y atomizada amenaza terrorista ha originado un aluvión de cambios en las leyes antiterroristas de todos los países.  Además, el uso para fines terroristas de los nuevos canales de comunicación, Internet y las redes sociales, ha multiplicado las amenazas así como ha destapado nuevas vulnerabilidades.

"Hay que armonizar enfoques", explica Reinares, "homogeneizar las reglas, en suma". Internet no ha supuesto en sí mismo "un cambio de paradigma", dice este experto en terrorismo, "simplemente sucede que, en la Red, el óptimo posible de control está lejos del óptimo necesario".

España fue, de los grandes países de la UE, el último en incorporar a su legislación -en 2010- los principios enunciados en la Decisión Marco de 2008 sobre la lucha contra el terrorismo. Principios encaminados a dar una "definición armonizada" de los delitos de terrorismo válida para todos los socios de la Unión.

Los expertos antiterroristas coinciden que este cambio legislativo europeo fue un hito. Detenciones como la que el martes tuvo lugar en Valencia no podrían haberse hecho sin este revisado marco legislativo.

De unos años a esta parte se ha producido, en esto sí, un "cambio de paradigma", explica Torres, "antes, los servicios de Inteligencia se fijaban en un individuo y pedían luego autoridad para investigarle; ahora es al contrario, primero se identifica el delito, y luego se busca a los posibles autores".

Es lo que se conoce como monitorización, y es una de las claves de la lucha contra el terror en Internet, aunque no la única, como veremos.

Precisamente a eso, a dar con las claves, identificar debilidades y solventar retos, se dedican los proyectos de investigación sobre Internet y terrorismo que existen actualmente. Uno de los más importantes, por estar financiado con fondos de la UE, contar con la participación de los principales actores comunitarios y la anuencia del sector privado, es el conocido como Clean It Proyect (CIP).

El Clean It Proyect, en el que España participa a través del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), dependiente del Ministerio del Interior, es un programa de investigación (no especula con normas de carácter legislativo) cuyo fin es elaborar recomendaciones -lo más parecido a un código de buenas prácticas- sobre cómo combatir efectivamente el ciberterrorismo.

Sus impulsores parten de una premisa básica: las formas tradicionales para el control de la propaganda terrorista en Internet no son capaces de resolver ciertos problemas. Estos problemas se puede resumir en dos: dificultad de evaluar qué contenidos infringen las leyes y cuáles no, y la parálisis ejecutiva de los Gobiernos, que carecen de "recursos y ambición".

El CIP, que recientemente ha publicado sus primeros borradores y que seguirá reuniéndose a lo largo de 2012 para afinar sus conclusiones, ha suscitado el recelo de algunos usuarios de Internet, que consideran que tras la intención, loable, de luchar contra el terrorismo, se ocultan fines menos altruistas, como el control de los contenidos y de la libertad en la Red.

El anuncio a bombo y platillo de Sarkozy hace pensar en otros delitos, que si bien son de naturaleza completamente distinta a los delitos de terrorismo, comparten la infraestructura que los sustentan. Se trata de los delitos relacionados con pornografía infantil en Internet. En Francia, y es a lo que pretende acogerse su presidente, el Código Penal sanciona con 2 años de cárcel y 30.000 euros de multa la navegación por páginas webs con contenidos pederastas.

En España, así como en la mayoría de países europeos (salvo en la mencionada Francia), la legislación penal sobre la pornografía infantil en la Red castiga la producción, la distribución, el intercambio y posesión -es decir, la descarga- de estos contenidos, pero nada más. "El mero visionado no es punible", explica María Martín Lorenzo, profesora de Derecho Penal de la UCM y especialista en estas cuestiones.

Tal y como está la actual legislación española, sancionar una "conducta pasiva" como la del visionado de pornografía infantil –o, en un hipotético caso, propaganda terrorista- es anticonstitucional. Incluso con las actuales leyes, precisa Martín Lorenzo, penalizar al poseedor de este tipo de material "sigue siendo muy complicado".