"La crisis aviva el ingenio", "la unión hace la fuerza" o "el pueblo unido jamás será vencido" han sido, hasta hace bien poco, frases estrella de algunas reivindicaciones y etapas históricas que ahora han recuperado vigencia en el ámbito local.

Desde que comenzara la crisis, muchos ayuntamientos han recortado servicios públicos e incluso han dejado de pagar a sus trabajadores ante la deuda que estas entidades acumulan, mientras mantienen una lucha desesperada por evitar la bancarrota.

Esta difícil situación económica que atraviesan los consistorios, muchos de ellos en un callejón sin salida, ha provocado que sean los propios vecinos los que se movilicen para atraer inversiones al municipio o asumir algunas de las tareas propias de la corporación local.

Lejos de calificarlo como una medida provisional en espera de la ansiada recuperación económica, algunos de los protagonistas aventuran en estas acciones una reestructuración de las tareas que desempeñan los entes locales y un cambio social que demuestra que la resignación de muchos ciudadanos ha terminado.

El estado de los 8.116 ayuntamientos españoles es, en su mayoría, crítico. Durante 2011 las entidades locales gastaron 4.069 millones de euros más de lo que ingresaron al cerrar el ejercicio con un déficit del 0,38%, frente al 0,3 que les había marcado el el Gobierno.

Para corregir este desequilibrio, el Ministerio de Hacienda ha anunciado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que las entidades locales deberán reducir en 8 centésimas su cifra de déficit.

De todos modos, los ayuntamientos se han comportado algo mejor que las comunidades, que se desviaron del objetivo un 1,64% y se gastaron 31.541 millones de euros más de lo que ingresaron.

También en el endeudamiento las corporaciones locales presentan resultados algo mejores que las autonomías, pero la cifra sigue siendo muy alta. Así, según los últimos datos del Banco de España, la deuda de las entidades municipales era a 31 de diciembre de 35.420 millones de euros.

A la espera de que se alcance la nueva meta económica, algunos ayuntamientos, como Higuera de la Serena (Badajoz) y Rasquera (Tarragona), se han convertido en el espejo en el que muchas otras localidades se miran estos días.

Con un total de 1.060 habitantes, Higuera de la Serena fundamentaba su ingresos en los tributos y el Fondo de Compensación Interterritorial, así como una serie de ayudas europeas que ahora, con las crisis, se han evaporado.

"Con la crisis paran las subvenciones", sentencia el teniente de alcalde de la localidad, Manuel Tamayo, quien describe los recursos actuales como "economía de subsistencia" para aproximadamente un 50% de su población actualmente en paro y que consigue mantenerse realizando esporádicamente trabajos en el campo.

Cuenta Tamayo que cuando los tres políticos que componen la casa consistorial ocuparon su nueva responsabilidad en julio, se encontraron con que no había trabajadores para servicios públicos y que ahora el total de las facturas a las que deben hacer frente asciende a 800.000 euros.

El teniente de alcalde no cobra, sus dos compañeros tampoco. El resto de la plantilla (una auxiliar de despacho, Ramona, que comparten con otro pueblo cercano, Campillo; un administrativo; un auxiliar administrativo y dos policías municipales) percibe una nómina que, aunque llega, no siempre lo hace puntualmente.

Sin poder hacer frente a los gastos de limpieza y mantenimiento del municipio, un grupo de vecinos, coordinados por María Consuelo Martín, se ofreció en octubre para acometer la tarea, un gesto que les ha llevado a convertirse en noticia de The New York Times, y también, próximamente, de la CNN.

La coordinadora de este voluntariado heterogéneo, María Consuelo Martín, explica que se mantienen tres prioridades que intentarán no tocar "por todos los medios": el mantenimiento de la guardería municipal, el colegio y, de cara al verano, la piscina.

Más polémica ha levantado la iniciativa de Rasquera, que plantea alquilar terrenos para la plantación de cannabis. El alcalde de la localidad, Bernat Pellisa, explica que la propuesta, sin precedentes en España, es la única para hacer frente a los gastos del consistorio.

"Entendemos que no hay otro proyecto alternativo", zanja Pellisa, que asegura que ofrecerá toda la información necesaria para comprender la decisión.

Hasta que los propios vecinos decidan mediante referéndum si apoyan la iniciativa, el próximo 10 de abril, queda la última polémica en torno a este caso: la detención el jueves de la encargada de la asociación de autoconsumo de cannabis con la que Rasquera se asociaría.

Tan importante es la iniciativa de los vecinos como las propias facilidades que se aporten por parte de la administración local. Conscientes de esta idea clave, el Ayuntamiento de Huelva debatirá en abril la propuesta del Defensor del Onubense, Manuel Rodríguez, para intercambiar el importe de las multas de tráfico por horas de trabajo para la comunidad.

La idea no es novedosa y el equipo de gobierno la considera interesante porque no persigue únicamente un objetivo económico, sino también un beneficio rehabilitador y educativo para el ciudadano.

"Los tiempos que corren merecen poner estas iniciativas en marcha. Si no, ¿cuándo las vamos a poner?", plantea Rodríguez, quien destaca su convicción en la continuidad de esta ordenanza y pide profundizar en ella. Se basa en su sentido de la democracia participativa, que considera incluido en la norma, "porque las ciudades son personas".

El germen de este intercambio que inspiró a Manuel Rodríguez nació en Chipiona (Cádiz). Allí, ante la situación de los vecinos, impotentes por no poder hacer nada frente a las deudas que deseaban saldar, se planteó la posibilidad de cambiar sanciones por trabajos, siempre adecuados a las características de cada ciudadano.

En el caso de Javier Pérez de la Lastra, carpintero de profesión, la tarea parecía más que clara. "Me dieron muchas facilidades en el horario, sin prisas", relata Javi, como todos le llaman, que se dedicó a realizar en la localidad gaditana las tareas propias de su profesión durante los meses de octubre, noviembre y diciembre pasados.

Describe la medida como "coherente" y asegura que, tras la experiencia, se apuntaría como voluntario para otras actividades.

Balears Estalvia es una iniciativa pionera en España puesta en marcha por el Gobierno balear, un registro online en el que los ciudadanos pueden presentar sus propias ideas para ahorrar en el gasto público.

Según datos facilitados por la Consellería de Presidencia, desde que entrara en funcionamiento el pasado diciembre la web ha registrado un total de 710 sugerencias, referidas a aspectos tales como la iluminación pública o la utilización de software libre en la Administración, entre otras.

Varias de estas ideas ya han encontrado su camino a la realidad, como destaca el responsable de este Departamento, Antonio Gómez, que pone de ejemplo la reducción del pago de alquileres para edificios oficiales que la Administración ha llevado a cabo.

Otra opción es aprovechar los recursos que presenten el potencial suficiente. Es la idea que fundamenta la iniciativa de la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria y la Campiña (ADAC), una organización sin ánimo de lucro que busca revitalizar espacios rurales dando a conocer zonas de estas comarcas.

El presidente de ADAC, Vicente Hita, junto con el gerente, Alberto López, iniciaron en 2007 un proceso que busca la declaración del Valle de Ungría como Parque Natural, algo que reportaría beneficios directos a municipios como Atanzón, Brihuega o Caspueñas. "No tienen muchas ayudas porque tampoco tienen muchos gastos", explica Hita, que informa puntualmente a los alcaldes de estas localidades sobre el estado de la propuesta, que ahora está en manos de la Consejería de Medio Ambiente.