La ley de Transparencia fijará un límite de sueldo a los alcaldes... pero no afectará a la Casa Real

Imagen cenital del pleno del nuevo Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de las Telecomunicaciones.
Imagen cenital del pleno del nuevo Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de las Telecomunicaciones.
Javier Lizón / EFE
Imagen cenital del pleno del nuevo Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de las Telecomunicaciones.

La ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno establecerá, por primera vez en España, un baremo público y aprobado por las Cortes Generales en la la ley de los Presupuestos Generales del Estado de retribución para los cargos municipales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reconocido a preguntas de los periodistas que "muchos cargos públicos", incluidos varios alcaldes, cobran más que el presidente del Gobierno.

"La norma busca reforzar la transparencia de las administraciones públicas y eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos.

También impone férreas obligaciones de buen gobierno y principios éticos de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, para los malos gestores o los que incumplan las obligaciones previstas en la ley", ha destacado además la vicepresidenta.

Ha precisado, además, que esta ley permitirá habilitar en las cuentas generales del Estado que se pueda aprobar un baremo para las entidades locales. Ha añadido que los elementos que van a permitir fijar los sueldos serán el tipo de entidad local, la población, el tamaño del municipio y otras circunstancias socioeconómicas o administrativas, como la capitalidad. En todo caso, ha precisado, se establecerán baremos "lógicos y coherentes".

No afectará a la Casa Real

El proyecto de Ley de Transparencia aprobado por el Consejo de Ministros no afectará a la Casa Real por no tratarse de una administración pública, ha aclarado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.

Santamaría ha respondido así a la moción aprobada por el Parlamento navarro, que insta al Ejecutivo español a que incluya en la ley "los mecanismos legales que resulten oportunos" para conocer las asignaciones y el patrimonio de cada miembro de la Casa Real.

La portavoz del Ejecutivo ha explicado que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obligará a la Administración Pública a informar en qué gasta el dinero público, pero la Casa Real es una institución que no está dentro de la Administración pública.

El pasado mes de diciembre, de hecho, la Casa Real presentó un detallado desglose de la asignación global que los Presupuestos Generales del Estado dedican a este órgano -8.434.280,00 euros en 2011- unos datos que a partir de entonces son públicos y pueden encontrarse en la web oficial de la casa real.

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