La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pidió al Ministerio de Hacienda en la última reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) que extendiera a todas las administraciones públicas la jornada laboral de 37,5 horas semanales, según han confirmado a 20minutos.es fuentes del Ministerio.
La medida viene a completar el real decreto del 30 de diciembre de Medidas urgentes para la corrección del déficit público, en el que el Gobierno incluyó ya el aumento de horas, pero sin especificar el tipo de administración. Los funcionarios que quisieran mantener una jornada de 35 horas tenían que bajarse proporcionalmente el sueldo.
Ahora se aplicará la jornada de 37,5 horas en ayuntamientos y comunidades autónomas, ya que quedará reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para este año, cuya aprobación definitiva será, presiviblemente, "el 28 de junio".
Algunas regiones como Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, gobernadas por el Partido Popular, ya han incrementado las horas correspondientes. En total, el aumento afectará a dos millones de funcionarios más y su objetivo, según el Ministerio, es el "ahorro de horas extras", un dinero que aún no se ha cuantificado.
El pasado 29 de febrero el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que la "intención y voluntad" del Gobierno era extender la jornada a todos los funcionarios.
La reacción de los sidicatos
Para el sindicato independiente de funcionarios CSIF, "se trata de una medida que va a tener repercusión económica, pero que se ha querido presentar como si fuera la solución para todos los males", lo que desde el punto de vista de este sindicato, es injusto, porque además "se quiere trasmitir la sensación de que todos los empleados públicos trabajaban 35 horas a la semana y no es verdad", explica el presidente del CSIF, Miguel Borra.
"La mayor parte de los empleados públicos ya trabajaban 37,5 horas y quienes no lo hacían, sobre todo en ayuntamientos, como el de Madrid, y comunidades autónomas, como la de Castilla y León, se había logrado gracias a acuerdos puntuales". Este sindicato se muestra crítico también con que el Gobierno aplique estas medidas sin dialogar ni escuchar a nadie. "A estas alturas del partido el Gobieno no nos ha llamado para nada y las cosas siempre se hacen mejor sentándose a negociar".
Es ilegal que se plantee por decreto algo que se había conseguido por negociación colectiva
La misma crítica de falta de diálogo se escucha desde UGT. "Es ilegal que se plantee por decreto algo que se había conseguido por negociación colectiva", explica Mari Carmen Barrera, Secretaria de Acción Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Para este sindicato se trata de una medida que "no busca mayor rendimiento sino la destrucción de empleo", ya que los trabajadores que tengan contratos temporales "terminarán sobrando en las administraciones".
Para este sindicato, estos "anuncios y filtraciones son un globo sonda" encaminados, quizá, a "pretender otro cambio jurídico, ya que con la realidad vigente, según el artículo 47 del EBEP (Estatuto Básico del Empleao Público), es cada administración la que fijará la jornada de sus trabajadores".
Intervernir ahí supondría además intervenir en las leyes de las comunidades autónomas, y "las autonomías no van a renunciar a competencias". Por eso subraya que detrás de este anuncio subyace la visión "centralista" del PP y su deso de "trasladar la parte productiva de las administraciones públicas a las manos privadas, a la CEOE, dejando para la administración el trabajo burocrático puro y duro, que le permite tener empleos poco cualificados".
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los colectivos más afectados por la ampliación horaria, ya que dejarían de percibir la remuneración de muchas horas extra, se muestra comprensivo con la medida. "Con la que está cayendo en el este país, no vamos a protestar. Nosotros ya dijimos que arrimaríamos el hombro lo que hiciera falta", explica José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP.
Otra cosa es que crean que con esta medida se va a acabar con la crisis, "si la solución de todos los problemas del país pasaran por trabajar 40 horas, los sindicalistas nos pondríamos a la cabeza", concluye.
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