El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska tuvo que dejar este lunes en libertad a los empresarios navarros José Javier Azpiroz y Juan María Saralegi, porque la Fiscalía no pidió ninguna medida cautelar.
Los dos empresarios declararon como imputados de un presunto delito de colaboración terrorista por haber pagado presuntamente a ETA el llamado "impuesto revolucionario".
Durante su declaración, los dos empresarios negaron haber pagado ningún dinero a ETA, aunque admitieron que ETA les exigió el pago del llamado "impuesto revolucionario" en 2001.
Aunque Azpiroz y Saralegui han salido en libertad, permanecen imputados por un supuesto delito de colaboración con organización terrorista y deberán acudir al Juzgado siempre que sean citados.
Resolución de Grande-Marlaska
En su resolución, el magistrado explica que los dos empresarios fueron extorsionados por ETA en 2001, que les exigió el pago de una cantidad que no ha podido ser determinada y que les atribuyó "un código alfanumérico de identificación, como es habitual".
Añade que el pasado 29 de abril, y a través de un abogado, hicieron llegar 54.000 euros al fundador de ETA Julen Madariaga, detenido en Francia en el curso de esta misma operación, sin que se sepa si era el total reclamado por la banda o el último de los plazos acordados.
"No obstante lo anterior (...), conviene referir cómo se hizo constar por los imputados el que deseaban hacer llegar a ETA que este pago lo era con carácter voluntario y con el fin de favorecer el denominado 'proyecto de paz'", señala el juez.
El auto agrega que el pasado martes, en el domicilio de José Antonio Cau Aldanur "se aprehendió el 'recibo' original donde ETA reconocía el citado pago de 54.000 euros, fechado en junio de este año 2006".
Para el juez, la actuación de los empresarios puede ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, castigado con hasta 5 años de prisión, y su negativa a reconocer el pago -que para él ha quedado demostrado- impide aplicarles ninguna eximente de responsabilidad penal "como sería el miedo insuperable".
Sustituido por Garzón
El magistrado Grande-Marlaska, que desde hace unas semanas instruye también el caso de presunta estafa filatélica de Fórum, seguirá trabajando en la Audiencia Nacional cuando deje el Juzgado Central de Instrucción número 5 que ahora ocupa.
El pasado día 20, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó su continuidad en este tribunal cuando Garzón regrese al Juzgado el próximo 1 de julio al finalizar su licencia de estudios.
Fuentes del Consejo señalaron, además, que en octubre se estudiará si por necesidades del servicio se prorroga su adscripción a la Sala de lo Penal. Fernando Grande-Marlaska era titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid desde abril de 2003 y sustituyó a Garzón en marzo del año pasado.
Anteriormente también ocupó en comisión de servicios el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional después de que su titular, Guillermo Ruiz Polanco, fuera suspendido cautelarmente.
Un ascendente juez-estrella
Nació en 1962, ingresó en la carrera judicial en 1988 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santoña (Cantabria), donde estuvo hasta que, en enero de 1990, ocupó el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Bilbao.
En noviembre de 1991, el magistrado fue destinado al Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao, donde permaneció hasta que, en diciembre de 1999, entró a formar parte de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Vizcaya.


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