El juez encargado de la presunta financiación ilegal del PP pasa al día 24 las declaraciones de Betoret y Jordán

El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, ha acordado pasar al día 24 de abril las declaraciones del ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, y de Felisa Jordán, ex administradora de varias empresas de la conocida como trama Gürtel, según ha podido saber Europa Press.
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
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El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil, ha acordado pasar al día 24 de abril las declaraciones del ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, y de Felisa Jordán, ex administradora de varias empresas de la conocida como trama Gürtel, según ha podido saber Europa Press.

Inicialmente, Ceres citó a Betoret y a Jordán el día 25 de abril, y para el día siguiente, a la directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars; al jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), Jorge Guarro; y al ex jefe de área de Mercados y Comunicación de la agencia, Isaac Vidal.

Sin embargo, el magistrado ha decidido modificar las fechas y adelantar un día las declaraciones de Betoret y Jordán puesto que uno de los abogados no podía asistir el día 25 de abril, tal y como le ha notificado por escrito a Ceres, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

En esta primera fase de interrogatorios se pretende ir despejando dudas sobre las mesas de contratación que adjudicaron contratos a Orange Market, entidad que administraba Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama.

En total, el número de imputados en esta causa ascienden, por el momento, a 25, ocho de los cuales son representantes legales de varias empresas. Entre los 25 imputados se encuentran cuatro diputados de las Corts Valencianes, algunos de ellos con cargos en el PPCV: Yolanda García —extesorera del PP—; David Serra —vicesecretario de Organización del partido—; Ricardo Costa —exsecretario general del PP—; y Vicente Rambla, expresidente de la Generalitat valenciana y exconseller de Industria, Comercio e Innovación.

Junto a ellos, hay imputadas otras personas que han ocupado o desempeñan diferentes cargos en la Generalitat valenciana: Milagrosa Martínez —exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts Valencianes—; Rafael Betoret; Jorge Guarro; Dora Ibars; e Isaac Vidal.

Asimismo, figura como imputada Cristina Ibáñez, exgerente del PP valenciano; la empresaria Isabel Jordán; y el empresario Rafael Martínez —ex presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa)—.

Además, en este procedimiento están imputados algunos de los presuntos cabecillas de la trama: el que fuera dueño de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', el ex consejero delegado de esta mercantil, Cándido Herrero; el expresidente de Special Events, Pablo Crespo; el presunto líder de la trama y propietario de estas empresas, Francisco Correa; y el ex contable de las empresas de Correa, José Luis Izquierdo.

Otros de los imputados, en concreto, ocho, son representantes legales de las mercantiles Facsa, Enrique Ortiz e Hijos, PIAF, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallada, Construcciones Hormigones Martínez, Lubasa Desarrollos Inmobiliarios y Sedesa.

Origen de la causa

La causa de presunta financiación irregular del PPCV llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat.

En concreto, el magistrado instruye la causa por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007, y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.

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