El PSOE, a través de su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, fue el más tajante al mostrarse convencido de que el PNV es una formación democrática, y aseguró con rotundidad que ni sus dirigentes ni sus militantes «tienen nada que ver con redes de extorsión».
En referencia a la detención de dos empresarios navarros por el supuesto pago a ETA del impuesto revolucionario, el portavoz indicó que son los jueces los que deben actuar.
Por su parte, el portavoz de los nacionalistas vascos, Iñigo Urkullu, expresó el apoyo del PNV al «trabajo en la búsqueda de caminos para la paz» de Aguirre y Arzalluz. Además, se mostró sorprendido por la filtración a los medios de comunicación de una investigación que está bajo secreto de sumario, ya que los afectados todavía no habían recibido las notificaciones de la Audiencia Nacional.
«Traca final» de Marlaska
Tras mostrar su apoyo a los dos citados por el juez Grande-Marlaska, Urkullu indicó que en su partido no sabían si la actuación judicial obedece a «la traca final» del magistrado o si estamos «ante un profundo nubarrón en este incipiente proceso de pacificación».
Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Gaspar Llamazares, recordó que no se necesitan «justicieros» y afirmó que nadie tiene derecho a boicotear el proceso de paz actualmente en marcha.
Mientras tanto, hoy está previsto que declaren ante el juez los dos empresarios navarros acusados de haber pagado a ETA. Aguirre y Arzalluz esperarán a mañana para hacerlo.
Grande-Marlaska apura las horas
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, apura esta semana sus últimos días al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, que a partir del 1 de julio volverá a manos de su titular, Baltasar Garzón, que se reincorpora tras impartir clases en Nueva York (los EE UU). Como cierre de su sustitución, Grande-Marlaska deja la detención de la pasada semana de cinco presuntos miembros de la red de extorsión de ETA. Se incorporó a la Audiencia Nacional en mayo de 2004.


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