En España hay 726.000 viviendas sin titular. Son muchas; tantas, por ejemplo, como las que conforman el excedente de los bancos. La cifra la ha aportado la oficina del Defensor del Pueblo, que recuerda que al no tener titular significa que nadie tributa por estas 726.000 viviendas.

La oficina, que dirige María Luisa Cava de Llano, ha pedido a la Dirección General del Catastro que vuelque los esfuerzos de la inspección en la investigación de fincas que actualmente no tienen titular.

En un informe monográfico, titulado 'La realidad catastral en España, desde la perspectiva del Defensor del Pueblo', la oficina considera que la Administración debe insistir en reducir este número de viviendas, ya que las fincas o pertenecen a la Hacienda Pública o tienen un dueño que debe tributar por ellas.

El procedimiento para la aprobación del valor catastral y sus actualizaciones son el principal escollo para que los ciudadanos comprendan la actividad de la Dirección General del Catastro, ya que el valor catastral se fija de forma unilateral por la Administración y su desvirtuación precisa la impugnación por los interesados, lo que aleja el proceso de la justicia tributaria.

Otro de los problemas que detecta la institución es que la actual situación del mercado inmobiliario puede producir que algunos valores catastrales se encuentren fuera del límite legalmente fijado, lo que ha sido objeto de numerosas quejas.

Una de las deficiencias detectadas, según el Defensor del Pueblo, es la "insuficiente dotación" de personal, una circunstancia que se encuentra detrás de los retrasos en la resolución de procedimientos. Además, asegura que existe una tendencia cada vez mayor a la amortización de plazas.

Con todo, se han formulado 42 recomendaciones relativas a cuestiones generales dirigidas al Catastro y a la Secretaría de Estado de Hacienda con la pretensión de que el Catastro mejore su servicio y lo haga más accesible a los ciudadanos.