El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, será llamado a declarar esta primavera por un juez de Madrid después de haber sido imputado por un delito de tentativa de chantaje y otro de intento de estafa.
Bernad está imputado junto a un constructor asturianoEn concreto, y según han confirmado a 20minutos.es fuentes judiciales, la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Madrid prevé hacerle comparecer el próximo mes de mayo.
En esa vista, será interrogado acerca de las grabaciones aportadas por el constructor gallego Manuel Núñez. Según las mismas, Bernad trataría con un intermediario la posibilidad de coaccionar al denunciante y al exalcalde de la localidad murciana de Totana, Juan Morales (PP), utilizando para ello distintos medios, entre ellos, interponer una denuncia a través de Manos Limpias.
El origen: corrupción en Murcia
La imputación del líder de Manos Limpias fue adelantada por el diario La Opinión de Murcia. Sin embargo, las grabaciones que le llevarán, ante el juez, no son nuevas, sino que datan de 2007 y ya han sido examinadas dentro de la operación contra la corrupción urbanística en Totana denominada 'Tótem' (puede leerlas aquí). Los implicados en el caso, cuya sentencia se hizo pública el pasado 1 de marzo, también son viejos conocidos.
Las grabaciones por las que deberá comparecer se grabaron en 2007Manuel Núñez, cuya denuncia ha provocado la imputación de Bernad, ha sido condenado en el caso Tótem a cuatro meses y 25 días de prisión eludibles mediante el pago de una fianza de 8.700 euros. También, a una multa de 1.800 euros y el pago de las costas procesales. El promotor vigués admitió un delito de cohecho al ofrecer más de tres millones de euros al exalcalde de Totana Juan Morales a cambio de que le permitiese construir casi cinco mil viviendas en la zona protegida de El Raiguero.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, impuso a su vez a Morales cinco años de prisión y una multa de ocho millones de euros por delito de cohecho, además de otras penas menores y multas por blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Otros diez imputados en la causa se conformaron con penas menores.
Coacciones
Ni el líder de Manos Limpias ni su interlocutor en las grabaciones, el constructor asturiano y presunto comisionista Emiliano Ovide, fueron condenados por el Tótem. Ovide, de hecho, fue quien destapó la trama corrupta al asegurar al PSOE de Totana que el también constructor Manuel Núñez ofrecía sobornos al alcalde para que este recalificase terrenos a su favor.
Al iniciarse la investigación, la Guardia Civil decidió, sin embargo, que también debía grabar a Ovide y Bernad, lo que destapó las conversaciones entre ambos. Tras ser condenado por el caso Tótem, Manuel Núñez cogió las grabaciones y denunció a Ovide y Bernad para tratar de demostrar que, en paralelo a sus propios intentos de soborno, estos intentaron chantajearle a él y al alcalde de Totana para obtener beneficios económicos. En base a esto, la juez de Instrucción 3 de Madrid les llamará a declarar en mayo.
El "sindicato" de funcionarios
Miguel Bernad, exsecretario general de la formación ultraderechista Frente Nacional, es un viejo conocido en la planta judicial española.
Emilio Botín, la CAM, Baltasar Garzón o la infanta Cristina han sido objetivo de Manos LimpiasDesde su "sindicato de funcionarios", como se autodefine Manos Limpias, se ha labrado una reputación de justiciero a base de iniciativas como las querellas contra los gestores de la arruinada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por fraude a la Hacienda Pública o las distintas denuncias contra los impulsores del movimiento 15-M y la Delegación del Gobierno en Madrid por permitir la ocupación de la Puerta del Sol.
Manos Limpias también se ha personado contra el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el proceso en el que se investigan sus actividades en el Instituto Nóos y ha llegado a solicitar la imputación de la infanta Cristina en la causa, que ha sido denegada. Además, llevó al juez Baltasar Garzón ante el Supremo por investigar los crímenes de la dictadura franquista, proceso en el que el juez fue absuelto de un delito de prevaricación.
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