La jueza que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha decretado prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que se convierte en el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel.
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La jueza le imputó presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, dos de falsedad en documentos mercantil y uno de falsedad en documento oficialLa decisión de la jueza de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se ha producido después de la petición del fiscal, quien alegó que la pena que podría corresponder al imputado sería superior a los 18 años de cárcel, han informado a los periodistas abogados personados en la causa.
Tras tres días de interrogatorio, el fiscal pidió además 933 millones de euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, cálculo realizado por el dinero público presuntamente malversado mediante los ERE y otras ayudas de la Junta fraudulentas. El letrado de la Junta y la acusación particular que ejercen el PP, el sindicato Manos Limpias y UGT se adhirieron a la petición del fiscal, y la defensa de Guerrero pidió a la jueza que aparte a la Junta como acusación particular, dado que debe ser designada responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones.
Guerrero, que fue director general de Trabajo durante nueve años (1999-2008), declaró durante tres días que todos sus superiores conocían que los fondos millonarios se repartían "discrecionalmente" y "sin publicidad", por lo que sólo eran conocidos por "los más próximos" a la Administración. En sus sucesivas declaraciones, implicó como conocedores del sistema a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al expresidente de la Junta Manuel Chaves o al exconsejero Gaspar Zarrías.
La jueza le imputó presuntos delitos de malversación, cohecho, prevaricación, dos de falsedad en documentos mercantil y uno de falsedad en documento oficial.
Durante el interrogatorio de tres días, la jueza Alaya le planteó un total de 144 preguntas, y Guerrero se acogió a continuación a su derecho a no seguir contestando, pero aún así todas las partes dejaron por escrito las cuestiones que pensaban plantear al imputado.
La Fiscalía de Sevilla hizo constar 80 preguntas, el letrado de la Junta planteó un centenar de preguntas y los abogados de los restantes imputados han ido desgranando sus preguntas hasta totalizar varios centenares.
Guerrero sí ha accedido a responder a las únicas dos preguntas que le ha hecho su defensor, Fernando de Pablo: Si el consejo de Gobierno andaluz conocía el sistema de adjudicación y el destino de la partida denominada 31L o "fondo de reptiles", a lo que Guerrero ha contestado "si", y si lo conocían los sucesivos viceconsejeros de Empleo, a lo que ha respondido "totalmente".
La orden de prisión se dictó a la 1.45 horas de la madrugada del viernes al sábado, tras una agotadora sesión de 13 horas de declaración en la que, según avanzaba la jornada, Guerrero se fue mostrando de manera creciente preocupado por su destino hasta que, al final, reconocía a los periodistas que "hay que estar preparado para todos los avatares de la vida".
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