La comunidad autónoma presidida por el socialista Marcelino Iglesias, que aprobó su primer Estatuto en 1982, mantiene su definición de 'nacionalidad histórica' y establece para más adelante la redacción de una ley en la que se protegerán las lenguas propias de Aragón.
A este respecto, hay diferencias sobre si el catalán que se habla en la zona de la Franja, fronteriza con Cataluña, es una variedad propia, así como con las variedades dialectales del castellano, que algunos, principalmente la Chunta, pretenden dar un reconocimiento como idioma aragonés.
'Este asunto no puede ser un tema de enfrentamiento', declaró a Reuters portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús Miguel Franco.
'En Aragón ha habido siempre una tradición de buscar el consenso en los Estatutos (...) y este proceso se ha hecho con serenidad y sin crispación', agregó.
Respecto al agua, una de las cuestiones más controvertidas en Aragón por los dos proyectos fracasados de trasvase del Ebro, se establecen una serie de garantías para futuros trasvases, como que se solicite un informe preceptivo a la comunidad autónoma, que el Gobierno central propicie el entendimiento entre las comunidades autónomas afectadas y que los trasvases alcancen también a las tierras por donde pasan las aguas.
Aragón podrá disponer de una agencia tributaria propia si se llega a un acuerdo con el Estado y pide medidas de compensación por sus especificidades, como la de una población dispersa en un territorio muy amplio o la frontera con Francia.
En esta tercera modificación del Estatuto - tras las de 1994 y 1996 - se incluye el derecho para el presidente autónomo de disolver las cámaras autonómicas y convocar elecciones por un periodo completo, una atribución que están introduciendo otras comunidades al reformar sus estatutos y que hasta ahora sólo tenían Cataluña, Andalucía, Galicia y País Vasco.
Además, para las próximas reformas se establece la posibilidad de que sean aprobadas mediante un referéndum, puesto que en esta ocasión bastará con el 'sí' del Congreso para que entre en vigor.
Se espera que el texto, que el presidente de las Cortes, Francisco Pina, llevará previsiblemente el lunes al Congreso de los Diputados, pueda finalizar su tramitación en Madrid antes de que termine el año.
El portavoz del Grupo Socialista se mostró optimista con que pueda tener el respaldo del Congreso y que no sufra grandes modificaciones, 'ya que es respetuoso cien por cien con la Constitución y tiene un amplio apoyo parlamentario'.
/Por Teresa Larraz/
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