La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha ha pedido una reunión a la consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, para conocer la posición del Gobierno regional después de que el ministro Miguel Arias Cañete haya expresado su intención de derogar el Plan Especial del Alto Guadina (PEAG).

En nota de prensa esta organización agraria ha asegurado que quiere saber qué líneas maestras van a dirigir el nuevo Plan Hidrológico Nacional, que también ha anunciado el ministro, y sobre todo en qué situación quedan los regantes, agricultores y ganaderos de la región,

UPA votó en contra del anterior Plan Hidrológico Nacional en el Consejo Nacional del Agua, en enero de 2001, "por ser un plan que pretendía resolver los problemas hídricos de otras regiones, como Valencia o Murcia, pero que no atendía las necesidades de nuestra tierra y, sobre todo, porque no atendía los déficit hídricos de los acuíferos declarados sobreexplotados en la Cuenca Alta del Guadiana", ha recordado el secretario regional, Julián Morcillo.

El responsable regional de UPA ha recordado que el PEAG se aprobó en 2008 con el "consenso" y el "compromiso" de todos los agentes implicados y que "no fue fácil" llegar a este acuerdo del conjunto de la sociedad.

"Es cierto, que el Plan no se ha desarrollado como se aprobó, pero si alguien ha incumplido ha sido la Administración", ha puntualizado Morcillo, que ha añadido que se han llevado a cabo varias medidas.

"Desde

Upa clm no vamos a aceptar ningún nuevo PEAG que no tenga en cuenta como mínimo el consenso social que existía entorno al actual, y sobre todo no vamos a aceptar ningún otro plan que no resuelva la regularización de los expedientes de agricultores profesionales que actualmente se están tramitando", ha defendido.

Dicho esto, Morcillo se ha mostrado confiado en que la intención del ministerio no sea la de volver a la propuesta de PEAG del 2004. "Desde

Upa clm —ha aclarado el secretario General— queremos seguir siendo una parte activa en las decisiones que ahora se tomen y, especialmente, en la regularización de los 2.000 expedientes de agricultores profesionales que están pendientes de resolver".