La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha comenzado a las 10,20 horas de este jueves la segunda jornada del interrogatorio al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero.

Guerrero, acompañado por su abogado, Fernando de Pablo, ha llegado a los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense poco antes de las 10,00 horas, y a su llegada, a diferencia de lo que ocurrió este miércoles, no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban a las puertas del edificio judicial. Pocos minutos después, ha llegado a los juzgados la propia Mercedes Alaya.

Al inicio de su declaración en esta segunda jornada, Guerrero ha sido preguntado por la juez sobre la concesión de las ayudas sociolaborales y ha reiterado la línea argumental de la primera sesión al señalar que "los criterios tan amplios de las ayudas partieron del consejero y del viceconsejero" de Empleo, según fuentes presentes en la comparecencia.

Como dato a resaltar, hay que señalar que este jueves han acudido a la declaración de Guerrero unos 25 abogados, frente a los más de 40 que entraron este miércoles en la sala de vistas donde se está celebrando esta comparecencia. Una vez la magistrada concluya su interrogatorio, que ya se extiende por espacio de seis horas, será el turno del fiscal y, posteriormente, del letrado de la defensa.

La juez imputa a Guerrero hasta seis delitos, como son sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.