El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha afirmado este miércoles ante la juez que investiga los ERE irregulares que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas".

Guerrero, principal imputado por los ERE que investiga la juez Mercedes Alaya, ha comparecido este miércoles ante ella en sesiones de mañana y tarde y ha asegurado que las presuntas irregularidades en las ayudas sin control eran conocidas por los sucesivos consejeros de Empleo, por toda la Junta de Andalucía y que incluso los consejeros se preocupaban por los fondos destinados a sus provincias de origen.

"Toda la Junta lo conocía, el consejo de Gobierno y el presidente conocían el sistema porque era un dato objetivo", ha dicho Guerrero en una de sus respuestas, según han afirmado a los periodistas abogados personados en la causa.

Según estas fuentes, Guerrero ha declarado que los expedientes que él elaboró estaban completos, "y si ahora no lo están es porque alguien los ha destruido", momento en el que la juez le ha pedido que identifique a quien haya podido ordenarlo y el imputado ha manifestado que "su hipótesis es que han sido el consejero o viceconsejero" de Empleo.

Guerrero, según el medio centenar de abogados presentes, se muestra tranquilo en su declaración y solo ha negado enfáticamente con la cabeza cuando la juez Alaya, al comienzo del interrogatorio, le ha leído los hechos que le imputa, entre ellos irse de copas y a consumir cocaína después de concluir la jornada laboral, según lo manifestado por su chófer a la Policía.

Respecto al convenio marco por el que la Junta cambió en 2001 su sistema de ayudas, ha afirmado que a él no le gustaba porque era "discrecional" y "le hubiera gustado una orden o decreto para que pudiera llegar a más gente". Guerrero ha asegurado que cada consejero de la Junta se preocupaba por las ayudas a su provincia y así Gaspar Zarrias se interesaba por las de Jaén, Isaías Pérez Saldaña por las de Huelva y Jose Antonio Viera por las de Sevilla.

En el caso de una de las empresas investigadas, Cárnicas Molina de Jaén, ha declarado que "se hicieron concesiones tácitas que no estaban en el papel" porque el principal objetivo era "mantener la paz social". La juez Alaya ha imputado a Guerrero presuntos delitos de cohecho, malversación, prevaricación y tres de falsedad: dos en documento oficial y uno en documento mercantil.

La juez ha dedicado la sesión de tarde a preguntar por algunos del medio centenar de imputados hasta ahora y Guerrero ha respondido que él no incluyó a ningún "intruso" en los ERE, y que Antonio Rivas, exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, no le presionó para que introdujera a dos concuñados suyos en otras tantas compañías.

En respuesta a otra pregunta, ha afirmado que en cierta ocasión el Gabinete del Presidente de la Junta, que entonces era Manuel Chaves, le pidió "solucionar sí o sí" el problema de la empresa cordobesa Bilore porque allí iba a celebrarse un acto político. Ha explicado que recibió un documento del Gabinete de la Presidencia donde le ordenaban solucionar el conflicto de esa empresa de Lucena (Córdoba) porque Chaves iba a celebrar allí un acto político.

Además ha declarado que el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá -también imputado- le dijo que había que solucionar el problema de la industria auxiliar naval de Cádiz, "lo que provocó un aumento de 26 millones de euros en el presupuesto de la dirección general, que él no tenía", según las citadas fuentes.

Por su parte, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha asegurado que no teme nada de las posibles acusaciones que pueda realizar el exdirector general de Trabajo y ha recordado que la Junta solicitó que declarara ante la juez  Alaya.

En una entrevista en la Cadena Ser Griñán se ha referido así al paso de Guerrero por el despacho de la magistrada. Preguntado por si temía que Guerrero implicase a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández (ya imputado), el presidente ha respondido: "No temo nada. Somos parte acusadora y pedimos su declaración".

Griñán ha explicado que denunció el caso de los ERE cuando lo conoció y ha vuelto incidir en que, al margen de la instrucción judicial, hay una instrucción "política" por parte del PP que está "buscando la forma de que me llegue algún tipo de responsabilidad". "Lo que persigue el PP -ha recalcado- es una instrucción política".

De otro lado, ha rechazado tajantemente las denuncias reiteradas de los populares sobre el presunto mal uso que la Junta dio a la partida 31L, la misma que Guerrero calificó como "fondo de reptiles". "La mayoría de esta partida se utilizó para solucionar problemas laborales de personas que lo necesitaban", ha expuesto Griñán, que ha recordado no obstante que "hay intrusos, ayudas sin procedimiento y alguna ilicitud", situaciones que "hemos denunciado", ha puntualizado.

Sobre la "coincidencia" de algunas decisiones judiciales de la juez con la campaña electoral, Griñán ha eludido pronunciarse y ha dicho preferir que "la interpreten los periodistas objetivos". Respecto la polémica sobre la empresa pública Invercaria, el presidente ha vinculado la denuncia inicial a una "persona que es hijo de un colaborador de Javier Arenas", y ha subrayado que la grabación objeto del escándalo tiene "13 manipulaciones" según un informe pericial.