El director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, ha decidido abrir una investigación después de que varios abogados que el pasado 10 de febrero asistieron a nueve detenidos del 15-M tras una manifestación contra la reforma laboral en Madrid hayan denunciado que éstos fueron interrogados por agentes encapuchados.

Las mismas fuentes han subrayado que la práctica no era ilegal y que tenía por objeto que los agentes -que van de paisano y se encargan de vigilar a las personas que se infiltran en las manifestaciones y causan incidentes violentos- no fueran reconocidos al ejercer su trabajo en la calle.

Las fuentes consultadas por EFE han señalado que, en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos denunciados, el actual jefe superior de Madrid, Alfonso José Fernández, ha decidido revocar estas prácticas que se llevaron a cabo cuando su antecesor, Francisco Javier Redondo, era el jefe superior de Polícia de Madrid, y que falleció el pasado mes de diciembre.

Por su parte, representates judiciales de la viuda del exjefe superior de Policía, señalaron a 20minutos.es que "don Francisco Javier Redondo Zúñiga en ningún caso consistió, autorizó u ordenó de forma alguna a sus subordinados la realización de prácticas policiales irregulares, constitutivas de infracción disciplinaria alguna, ni menos aún ilegales". Asimismo señalan que la trayectoria profesional del Redondo "tanto en su condición de jefe superior de la Policía Nacional de Madrid, como en sus anteriores destinos en el Cuerpo Nacional de Policía ha sido intachable, habiendo dedicado su vida profesional en cuerpo y alma al servicio de la seguridad ciudadana, logrando en su ejercicio importantes y reconocidos éxitos en la lucha contra el crimen organizado y aumento de la criminalidad".

La investigación ordenada por el director adjunto operativo tiene como objetivo recopilar toda la información sobre los hechos para determinar si hubo alguna responsabilidad disciplinaria y, en su caso, abrir un expediente a los agentes que tomaron las declaraciones en la Brigada Provincial de Información.

Pino ha tomado esta decisión después de que el Colegio de Abogados de Madrid trasladara a la Policía un escrito en el que varios letrados aseguran que personas encapuchadas intervinieron en las declaraciones y el atestado, como instructor y secretario, sin que hubiera forma de comprobar que "eran realmente los funcionarios que decían ser" o incluso si eran policías.

Según la Asociación Libre de Abogados (ALA), de la que forman parte varios de los letrados que asistieron a los detenidos, esta práctica vulneró tanto el derecho de defensa como la dignidad de los arrestados y los abogados.

Una de las letradas que estuvo ese día en la Comisaría de Moratalaz ha añadido que tampoco se respetó la privacidad de las reuniones mantenidas con sus clientes, ya que los agentes no permitieron que la puerta estuviese cerrada y les interrumpieron constantemente.

Fuentes del Colegio de Abogados de Madrid han asegurado que, además de trasladar la queja, la institución ha pedido a la Policía que informe sobre las circunstancias en las que se produjeron las declaraciones de los detenidos ante la denuncia de una posible vulneración del derecho de defensa.