El proceso abre lo que se espera sea una larga racha de juicios contra miembros de las fuerzas de seguridad que actuaron ilegalmente durante ese período.
Miguel Etchecolatz, ex jefe de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, está acusado de participar en seis asesinatos y en el secuestro y tortura de personas, delitos que eran moneda corriente durante el último periodo de la dictadura.
'Estamos viendo, finalmente, los resultados del fallo histórico que la Corte Suprema dictó el año pasado', dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch.
El año pasado, el máximo tribunal anuló las dos leyes de perdón sancionadas en la década de 1980 tras el retorno de la democracia, decisión que fue precedida por una fuerte presión del presidente Néstor Kirchner, que llegó al poder en 2003, para que se reanudaran los juicios.
Desde fines de 1985, cuando se condenó a los jerarcas militares, los únicos ex represores que han tenido que sentarse ante los tribunales fueron aquellos acusados de delitos no incluidos en la amnistía, como el robo de bebés a los detenidos.
El juicio a un envejecido Etchecolatz, que a sus 77 años escuchó con la mirada ausente los graves cargos en su contra, se realiza en la ciudad de La Plata, a 50 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde se dieron cita numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Los activistas coparon la sala de audiencias y el exterior del tribunal, donde colgaron fotos de personas desaparecidas y banderas argentinas.
De acuerdo con las denuncias de las distintas organizaciones humanitarias, unas 30.000 personas perdieron la vida a lo largo de la dictadura.
Etchecolatz ya cumple una larga condena por haber estado involucrado en otros crímenes cometidos por la fuerza a la que perteneció, entre ellos la apropiación ilegítima de bebés. El ex policía está bajo arresto domiciliario debido a su avanzada edad.
Uno de sus abogados, Luis Boffi Carri, sostuvo que su defendido 'cumplió órdenes y actuó en una situación jurídica de guerra'.
Se espera que durante los tres meses que durará el proceso judicial declaren 133 testigos, muchos de ellos antiguos detenidos en los centros clandestinos que montó la dictadura, así como los ex presidentes Raúl Alfonsín y María Estela Martínez de Perón.*.
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