Las entidades financieras españolas vendieron las llamadas participaciones preferentes a más de un millón de familias desde 2007. El principal problema es que la inmensa mayoría de personas que adquirieron este producto "complejo y de riesgo elevado" –según la propia CNMV– eran mayores de 65 años que no eran conscientes de lo que compraban y que "en realidad demandaban una cuenta de ahorro o un plazo fijo", tal como cuenta Manuel Pardo, presidente de Adicae, la principal asociación de usuarios de banca.

Las preferentes distan de ser un instrumento para ahorradores convencionales: son valores emitidos por una compañía con una rentabilidad media-alta (en el entorno del 5%) vinculada a los beneficios, pero sin derechos de voto, no como las acciones. Además, tienen carácter perpetuo, por lo que recuperar el dinero íntegramente depende de la voluntad del banco emisor.

En estos casos, las soluciones planteadas hasta ahora por las entidades se han reducido a sacar a la venta estos productos en un mercado secundario con apenas demanda, lo que ha supuesto la pérdida de hasta el 60% de la inversión inicial del ahorrador, tal como relata Pardo, que denunció el pasado mes de octubre a 52 bancos y cajas ante la CNMV por ello.

La otra solución avalada por los reguladores públicos para resolver el escándalo ha sido el canje de estas preferentes por otros productos, como bonos convertibles y acciones. Por esta opción se han decantado entidades como Banco Santander, Banco Sabadell y Bankia, aunque tal como denuncian las asociaciones de usuarios esta medida convierte en accionistas a personas que no querían serlo, y se les ofrece un producto de riesgo, sometido a los vaivenes del mercado.

Mención aparte, tal como denuncia Adicae, merece la solución propuesta por Caixabank y otras cajas. Ofrecen deuda subordinada, "que tiene el mismo riesgo que las preferentes y unos plazos de vencimiento de diez años", cuenta Pardo. Con estas operaciones, desde noviembre la banca ha reducido a la mitad su saldo de preferentes: ha pasado de más de 22.000 a poco más de 11.000 millones. ¿Por qué tanta prisa? La nueva normativa bancaria no les permite contabilizar estos instrumentos como capital propio, y si no los canjean no cumplirán los nuevos y mayores requisitos de capital.

Las plataformas de afectados revelaron a 20 minutos que se preparan para demandar en los tribunales "en dos o tres semanas" a nueve de las entidades y se ven seguras de ganar. Alegan que, pese a que hay contratos firmados por los clientes, estos no fueron advertidos de los riesgos que corrían ni pasaron los necesarios test de conveniencia que imponen las autoridades.

Y es que los propios reguladores reconocen que en España "los conocimientos financieros de los consumidores han quedado ampliamente superados por la evolución de los mercados", tal como explica el Plan de Educación Financiera 2008-2012 elaborado por la CNMV y el Banco de España. Para paliar estas carencias han puesto en marcha una web –finanzasparatodos.es– con todo tipo de información y ‘consejos útiles’: "Invertir es poner parte del dinero en algo que te puede hacer ganar más dinero. Aunque también puedes perderlo", indica una de sus explicaciones.

Tal como cuenta Pedro Vera (residente en Villanueva de Córdoba) el director de su oficina le vendió preferentes a su padre de 88 años y enfermo de Alzheimer, "cuando lo que quería era un plazo fijo. Le dijeron que cuando quisiera conseguiría recuperar el dinero en 24 horas", denuncia. Pedro ha emprendido una campaña contra esta entidad –llevo más de 30 reclamaciones– y "ahora me han dicho que no me pase más por el banco", dice.