El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha dictado este viernes una providencia decretando que las declaraciones que se prevean "complejas" de los imputados y testigos del llamado caso Nóos se graben en vídeo, con el objetivo de evitar que la transcripción las alargue demasiado.

El escrito, reproducido por el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado, justifica esta medida en que durante la declaración el pasado fin de semana del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se invirtieron aproximadamente dos tercios de las veinte horas que estuvo compareciendo en transcribir sus respuestas.

La primera consecuencia de esta resolución es la grabación el próximo lunes y martes de las declaraciones de cuatro imputados, que además se celebrarán por la tarde, y no por la mañana como se preveía inicialmente.

El juez afirma en el escrito que el sistema de documentación en papel es "inadecuado" y además no consigue plasmar la literalidad de las palabras del imputado, en vista, apunta, de que la larga declaración de Urdangarin se resumió en tan solo 42 folios.

Relata que cada "dos o tres oraciones" la declaración del duque se interrumpía para transcribir, unas pausas que generaban debate entre los abogados presentes, quienes cuestionaban, dice el juez, "los exactos términos de la transcripción".

Ello obligaba, continúa, a borrar lo escrito y requerir en ocasiones al propio Urdangarin que redactara por sí mismo las respuestas, lo que quitaba "espontaneidad" a la comparecencia.

"La grabación hubiera evitado la conflictividad sobre la correcta transcripción del acto y reducida su duración a un tiempo sensiblemente inferior", explica Castro, quien añade que si no se grabó es porque se quería evitar que los vídeos se filtrasen a los medios de comunicación y se difundieran incluso por televisión.

Para evitar esta "distorsión" en las declaraciones futuras, el juez dicta que todas las que "se prevean complejas" se graben, "con independencia del parecer de las personas afectadas".

Con el objeto de que no se produzcan posibles filtraciones, ordena asimismo que las mismas se custodien en el juzgado en una caja fuerte y que "bajo ningún concepto" se haga copia a la Fiscalía ni las partes personadas.

Si alguna de estas partes pidiera la declaración, el juez indica que se les entregará una transcripción literal del contenido, y agrega que también se les podrá exhibir el vídeo bajo la presencia siempre del secretario judicial.

De esta manera, se grabarán las declaraciones de la próxima semana, cuando está citado el lunes a las 16.00 horas el exempleado del Instituto Nóos Juan Pablo Molinero y a las 17.30 horas Mario Sorribas, apoderado de la empresa Aizoon, propiedad de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina.

El martes tendrá que comparecer, también a las 16.00 horas, Miguel Zorio, dueño de la empresa Lobby Comunicación y que trabajó con asiduidad con Urdangarin y Torres a partir de 2004, cuando llevó la prensa del Valencia Summit, una cumbre deportiva que realizó Nóos para el Gobierno valenciano y que está siendo investigada.

Zorio afirmó en su momento a la policía que Urdangarin acusó a su exsocio Diego Torres de robarle, mientras que este criticaba al duque de Palma por no dedicarse al Instituto Nóos, con el que, según este imputado, ambos siguieron relacionados hasta el año 2008, cuando supuestamente el duque de Palma ya se había desvinculado de él por recomendación de la Casa Real.

También deberá declarar el martes, a las 17.30 horas, José Manuel Aguilar, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA), una entidad pública dependiente de la Generalitat valenciana que pagó a Nóos por organizar la cumbre deportiva.

En principio, el martes estaba citada la exdirectora de CACSA Elisa Maldonado, quien ha excusado su ausencia por motivos de salud.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que es "evidente" que aún queda "un largo camino" en la instrucción de la causa en la que se investigan las actividades del Instituto Nóos mientras lo presidió el duque de Palma.

Así lo ha afirmado Torres-Dulce, que ha puntualizado que respeta y además comparte la decisión de la Fiscalía, que "con absoluta autonomía" se ha opuesto a citar como imputada a la infanta Cristina.

El fiscal Pedro Horrach, en un escrito dirigido al juez del caso Palma Arena y en respuesta a la petición que en este sentido hizo el sindicato Manos Limpias, justificó su postura diciendo que no hay indicios de que doña Cristina conociera las actividades de su marido.

Respecto a la posibilidad de que se le cite en calidad de testigo, ha subrayado que, si por alguna de las partes se planteara, la Fiscalía Anticorrupción analizará "con igual autonomía" las razones esgrimidas para tomar una decisión.

Preguntado por si considera que existen pruebas para solicitar la apertura de juicio oral por esta pieza separada del caso Palma Arena, Torres-Dulce ha dicho que es "evidente" que aún queda "un largo camino" en la fase de instrucción, por lo que sería "poco respetuoso" aventurar una posición.

"Esperemos a que concluya la instrucción y los fiscales valorarán con absoluta imparcialidad si procede o no", ha resaltado.

Asimismo, a la pregunta de si estimaba que se podría haber dañado algún derecho del duque de Palma al haberse extendido su declaración ante el juez durante 22 horas el pasado fin de semana, el fiscal general ha incidido en que, si las partes hubieran entendido que el interrogatorio se prolongaba más de lo aconsejable, lo habrían puesto de manifiesto al instructor.

Pese a que no es conveniente que una declaración se prolongue más de lo adecuado, "probablemente por las circunstancias que rodean al caso no es un modelo exportable" a otros, ha concluido.