La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado por segunda vez a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, que cite a declarar al actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, así como a su antecesor en el cargo, Juan Márquez, ambos imputados en la causa, todo ello al objeto de "avanzar" en la investigación.
En un escrito elevado este mismo viernes ante el Juzgado instructor, consultado por Europa Press, Anticorrupción solicita también que la magistrada requiera a los despachos de abogados Garrigues y Estudios Jurídicos Villasís "para que aporten justificación documental del asesoramiento técnico/jurídico prestado y facturado de manera directa o indirecta a través de agencias públicas ligadas a la Junta y a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo".
También pide a la juez que requiera a ambos despachos para que "aporten justificación documental de todos los asesoramientos técnicos/jurídicos prestados y facturados a empresas o asociaciones en relación con las ayudas solicitadas y/o recibidas de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, ayudas con destino a empresas en crisis o sujetas a expedientes de regulación de empleo o planes de prejubilación parcial desde 2001 a 2011, así como a sus trabajadores".
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