El Gobierno prevé un crecimiento negativo del PIB del 1,7% durante 2012. Así lo ha desvelado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha adelantado el cuadro macroeconómico para España.
Estas cifras suponen un empeoramiento respecto a las del último cuadro macro del Gobierno socialista, que estimaba un crecimiento del PIB del 2,3% en 2012, pero se sitúa en la línea de las cifras que maneja el FMI.
Tal y como había anunciado minutos antes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Sáenz ha confirmado además que el objetivo de déficit se fija en el 5,8% para 2012, quedando el reparto de la siguiente manera: Estado, 4% (frente al 3,2% anterior); Seguridad Social, equilibrio (en lugar del superávit del 0,4 % que inicialmente se había calculado); comunidades autónomas, 1,5% (frente al 1,3% anterior); y corporaciones locales, 0,3%.
"Hacemos la parte del ajuste que no se llevó a cabo en el anterior ejercicio", ha dicho; esto es, se parte del 8,5% y se lleva a cabo un ajuste del 3,3% "frente al 0,8% que se hizo en 2011".
Presupuestos "austeros y realistas"
Las medidas aprobadas este viernes, ha explicado la vicepresidenta, son medidas "importantes" de consolidación fiscal, de apoyo a la recuperación económica y al empleo y, por otro lado, reformas estructurales relacionadas con la Justicia. Los ajustes económicos, ha asegurado, sientan las bases para la presentación de unos presupuestos "austeros y realistas".
Durante su intervención, tras la de la vicepresidenta, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha revelado que, según las previsiones del Ejecutivo, la tasa de paro se elevará al 24,3% este año después de que el empleo caiga en 630.000 personas en términos de Contabilidad Nacional; no obstante, no cree que alcancen los 6 millones de parados y que le gustaría "desmitificar las cifras".
De Guindos ha asegurado que la economía española caerá durante los tres primeros trimestres del año y sólo se estabilizará en el último de 2012 y ha argumentado que dicha recesión es consecuencia de la desaceleración de la economía mundial y de la "suave" recesión prevista en la zona del euro.
Asimismo, el consumo privado se contraerá por el menor empleo y la evolución de la renta disponible mientras el gasto público, según el ministri, reflejará el esfuerzo de consolidación fiscal con la consecuente reducción. La demanda interna, por tanto, caerá un 4,6% mientras el sector exterior tendrá una aportación positiva de 2,9 puntos porcentuales.
Ley de Estabilidad Presupuestaria
El proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que ha aprobado este viernes el Consejo y que fija el techo de gasto para todas las administraciones públicas con el fin de cumplir con un objetivo de déficit, ha sido enviado a las Cortes para su tramitación parlamentaria urgente. Según Sáenz de Santamaría, el Consejo de Estado ya ha valorado la nueva norma, por lo que pasa al Congreso un mes después de ser aprobada por el Ejecutivo.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que la acumulación de déficit público y el incremento de la deuda pública es un problema al que se enfrenta la economía ya que los intereses en el pago de la deuda retraen recursos para la inversión o para el crédito a familias y empresas. "No podemos pasar a nuestros hijos los errores de una mala gestión del control del déficit público", ha añadido.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas fue el primer anteproyecto que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en su primer Consejo de Ministros, a finales de diciembre. Sus objetivos son garantizar la sostenibilidad presupuestaria de todas las administraciones, fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la UE.
Objetivos de estabilidad y deuda
El texto, en cuya tramitación los grupos políticos parlamentarios podrán presentar enmiendas, recoge la obligación para todas las administraciones de presentar equilibrio estructural o bien un déficit estructural del 0,4 % del PIB y establece un límite de deuda que no podrá superar el 60 % del PIB. Según el proyecto de Ley se podrá presentar déficit estructural en situaciones excepcionales.
Para la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda pública se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad que podrá sancionar a las administraciones incumplidoras. En ese caso la administración incumplidora deberá constituir un depósito retribuido del 0,2 % de su PIB nominal, que a los seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.
Pago a proveedores
Otra de las novedades anunciadas este viernes es la que se refiere al pago a proveedores por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que recibirán 35.000 millones de euros en un préstamo sindicato a diez años para liquidar las facturas pendientes, con un periodo de carencia de dos años.
Sáenz de Santamaría defendió esta medida como "estímulo" para la recuperación y la creación de empleo en las pymes y autónomos. "Las administraciones tienen que pagar a partir de ahora puntualmente las obligaciones. Será la tónica general", explicó la vicepresidenta, quien argumentó que este plan de pago a proveedores es "clave" para dar confianza.
"Las administraciones tienen que pagar a sus proveedores", enfatizó, para después agregar que persigue erradicar la morosidad que se ha llevado por delante a "muchas" empresas y puestos de trabajo.
El Gobierno anunció la semana pasada que las corporaciones locales tendrán que suministrar al Ministerio de Hacienda con anterioridad al 15 de marzo el listado de facturas pendientes de pago con los proveedores hasta el 31 de diciembre de 2011, y antes del 31 de marzo tendrán que remitir un plan de ajuste que les permita hacer frente en el futuro al pago de dichas deudas.
Según avanzó la vicepresidenta, este plan se hará extensible a las comunidades autónomas en el Consejo de Políticas Fiscal que se celebrará el próximo 6 de marzo
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