El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Manuel Martínez Guijarro, ha asegurado que este 29 de febrero, día de huelga en la función pública de la región, es un "buen día" para que el Gobierno de María Dolores de Cospedal rectifique en su actitud y dialogue y escuche a los trabajadores.

En rueda de prensa, poco antes de la comparecencia en sede parlamentaria de la consejera de Empleo y Economía, Carmen Casero, el portavoz del PSOE ha asegurado "entender el malestar del personal funcionario, porque no es justo que tengan que soportar doblemente los recortes y pagar las consecuencias de la crisis".

Martínez Guijarro, que ha criticado que el Gobierno regional haya publicado en el DOCM la Ley de Garantías haciéndolo coincidir con la huelga, ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "esté encerrado en sí mismo" y que no quiera escuchar ni las críticas, ni las medidas que en materia laboral y salarial le ofrecen los representantes de los trabajadores.

Así las cosas, el portavoz de los parlamentarios socialistas ha lamentado que los sindicatos reciban del Ejecutivo regional "la callada por respuesta".

A preguntas de los medios, el portavoz ha asegurado que el PSOE están estudiando la posibilidad de recurrir la Ley de Medidas Complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos en lo relativo a las bajas de los funcionarios.

Los socialistas se oponen a que, en virtud de esta medida, los trabajadores públicos vean mermados sus prestaciones salariales por el hecho de estar de baja. Por ello, ha indicado, Martínez Guijarro, de la mano de los sindicatos estudian recurrir ante el Tribunal Constitucional esta normativa.

Huelga general

Preguntado sobre la huelga general que los sindicatos podrían convocar para el 29 de marzo, Martínez Guijarro ha defendido que hay elementos suficientes para ello, pero que son los representantes de los trabajadores los que tienen que tomar esa decisión.

Y es que según el parlamentario del PSOE, a los "recortes" que sufren los trabajadores públicos se añade una merma en los derechos laborales como no se ha dado en la historia de la democracia, fruto de la reforma laboral aprobada por el Gobierno central, ha asegurado.

Ha dicho que esta reforma no es justa y que en lugar de generar empleo va a provocar más desempleo y despidos y va a empobrecer más a la clase trabajadora.