Intervienen la concesionaria del tren argentino accidentado que dejó 51 muertos

El Gobierno argentino anunció hoy la intervención "temporaria y cautelar" de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), en medio de duras críticas de familiares de las víctimas del accidente de tren que dejó medio centenar de muertos la pasada semana en Buenos Aires.

La medida "administrativa, técnica y operativa" alcanza a las líneas General Mitre y Sarmiento, que enlazan la provincia de Buenos Aires con la capital, gestionadas por TBA, y pretende "garantizar la seguridad de los usuarios", según el decreto gubernamental.

La intervención se prolongará durante 15 días o mientras dure la investigación judicial abierta para esclarecer responsabilidades por el siniestro, una de las más graves tragedias ferroviarias que ha sufrido Argentina.

El accidente se produjo el pasado miércoles, en plena hora punta matinal, cuando un tren procedente de la localidad bonaerense de Moreno -en la línea Sarmiento, gestionada por TBA- se empotró contra un andén de la estación Once, una de las tres más importantes de Buenos Aires, por causas que aún se desconocen.

El siniestro ha puesto de manifiesto la precariedad del servicio ferroviario de cercanías, la negligencia política y la falta de control estatal sobre la gestión de la concesionaria, TBA, que da empleo a más de 4.500 personas.

Trenes de Buenos Aires es propiedad de los hermanos Cirigliano, que controlan uno de los grupos de transporte más poderosos del país y que han sido relacionados con funcionarios kirchneristas hoy investigados por corrupción, como Ricardo Jaime, secretario de Transportes del fallecido expresidente Néstor Kirchner, esposo y antecesor de la actual mandataria, Cristina Fernández.

La decisión de intervenir TBA se produce tras las críticas lanzadas por familiares de las víctimas y por dirigentes de la oposición contra el Gobierno de Fernández y ante las insistentes demandas de depuración de responsabilidades que se han escuchado en los últimos días y han desbordado las redes sociales.

Precisamente anoche, Fernández se refirió al tema durante una acto de reivindicación nacionalista en el que urgió a la Justicia a concluir el proceso de investigación en 15 días y adelantó que esperaría a conocer las pericias judiciales para tomar una decisión sobre la red ferroviaria de cercanías.

Sin embargo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, afirmó hoy que "la tragedia, aunque se desconocen las causas, obliga a tomar medidas", y agregó que la decisión pretende "garantizar la prestación del servicio de transporte ferroviario y resguardar las condiciones de seguridad de los usuarios"

La Justicia no ha tardado en responder a Fernández para advertir que "la pericia no es un hecho político sino técnico que puede durar menos o más de 15 días", según fuentes del juzgado del juez Claudio Bonadío, que investiga el siniestro.

De acuerdo con cálculos oficiales, alrededor de medio millón de personas utiliza cada día las líneas General Mitre y Sarmiento, en su mayoría trabajadores que acuden a sus puestos en Buenos Aires.

El interventor temporal designado por el Estado es Raúl Baridó, que actuará bajo las instrucciones de la Secretaría de Transporte, encabezada por Juan Pablo Schiavi, para investigar los motivos del accidente.

Schiavi, uno de los funcionarios más desgastados por los errores políticos en el manejo posterior al siniestro, admitió que la intervención puede provocar una reducción del número de trenes o una alteración en los horarios y pidió a los usuarios "que entiendan y colaboren".

La Unión Cívica Radical (UCR), la segunda fuerza parlamentaria del país, reclamó hoy la "urgente renuncia" de Schiavi y la quita de la concesión a TBA, y anunció que impulsará en el Congreso la interpelación de Julio De Vido.

Familiares y amigos del joven Lucas Menghini, de 20 años, cuyo cadáver fue rescatado del tren siniestrado más de 48 horas después del accidente, exigieron el lunes justicia y depuración de responsabilidades políticas.

"Lucas murió porque el tren chocó contra la estación de Once por errores y defectos evitables", denunció la familia, que cargó contra funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández y contra la empresa TBA.

La investigación se centra en las condiciones mecánicas del convoy, un Toshiba japonés de 1960, y en la actuación del conductor, el joven Marcos Antonio Córdoba, de 28 años, que resultó gravemente herido y que, según portavoces sindicales, se mantuvo esposado durante su estancia en el hospital.