El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado este martes que el Gobierno cuenta con informes de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que desaconsejan por falta de pruebas instar a la ilegalización de Amaiur y Bildu y ha añadido que, por tanto, se "haría un mal favor a la democracia promoviéndolo".

No obstante, ha defendido la firmeza del Gobierno en la lucha contra el terrorismo después de ser preguntado acerca del malestar mostrado por algunos sectores de las víctimas por esta postura. "Poner en duda que el Gobierno está siendo implacable en la lucha contra ETA y en lograr su disolución, es poner en duda, no sólo la palabra del Gobierno, sino los hechos", ha enfatizado Jorge Fernández Díaz en la rueda de prensa posterior a un encuentro de más de dos horas con la Federación Autonómica de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo en la sede del Ministerio.

"Puedo asegurar que, si seguimos la senda del pacto en el Congreso, conseguiremos la disolución incondicional del ETA", ha añadido el ministro quien ha insistido además que no habrá beneficios para los presos que no cumplan la Ley.

Se ha referido en varias ocasiones al acuerdo que alcanzaron la semana pasada todas las formaciones del Congreso excepto Amaiur y UPyD. La formación de Rosa Díez se quedó sola defendiendo su petición de ilegalizar a Amaiur y a Bildu. Ha reiterado que aquel acuerdo pide la disolución incondicional de ETA y que, en cualquier caso, que el Gobierno va a "seguir atento a si en algún momento esas organizaciones u otras realizan algún tipo de acción o incurren en alguno de los supuestos para promover su ilegalización".

El ministro ha sido preguntado también acerca de unas declaraciones efectuadas este martes por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien ha dicho que "si hay algo que hablar" después de haber logrado derrotar a ETA "deberá ser dentro de las instituciones". Fernández Díaz ha dicho que la posición del Gobierno es exigir a ETA su disolución y ha añadido que con Amaiur no hay nada de qué hablar.

"La posición del Gobierno es que exigimos a ETA su disolución, eso lo pide la totalidad del Congreso de los diputados salvo Amaiur y le pedimos además al Gobierno a que actúe  con el máximo de unidad posible con el resto de formaciones democráticas. Si otros rompen esa unidad, salvo Amaiur con quienes nosotros evidentemente no tenemos nada de que hablar, es su responsabilidad, pero el Gobierno tiene ese objetivo", ha expresado.

En concreto, ha sido preguntado por el caso de la madre de la niña de seis años asesinada en el atentado de ETA en cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, quien se ha manifestado a través del diario El Mundo alegando sentirse traicionada por el PP.

"En cuanto a esa persona mi más absoluto respeto y comprensión, esté de acuerdo o en desacuerdo, toda persona que ha sido víctima merece eso y por mi parte el primero", ha replicado.

También ha sido cuestionado acerca del recelo mostrado por la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ante algunas decisiones recientes como la concesión del tercer grado penitenciario para el preso Pérez de Nanclares o la negativa del PP a secundar en el Congreso la iniciativa de UPyD que instaba a la ilegalización de Amaiur y Bildu.