La iniciativa del Gobierno para ampliar las garantías de los hipotecados ante el embargo de su casa incluye la mejora de las subastas públicas de los inmuebles.

Para no agravar el atasco de los tribunales, el Ejecutivo pretende darle prioridad a la vía extrajudicial. Los representantes del Consejo General del Notariado se reunieron el pasado 31 de enero con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Tras ese encuentro, en una circular, los notarios han establecido su ofrecimiento para dar las mismas garantías que un juez ante un embargo.

Eso se traduce en que los notarios no autorizarán ejecuciones hipotecarias que no fijen en la tercera subasta un tipo mínimo del 60% del valor de tasación de la vivienda habitual. De ese modo, quieren garantizar a los ciudadanos los mismos derechos que en los procesos de ejecución judicial.

La actual regulación de la ejecución hipotecaria extrajudicial, recogida en el reglamento de la Ley Hipotecaria, no fija tipo alguno para la tercera subasta y permite al acreedor adjudicarse la vivienda por cualquier cantidad.

En virtud de la circular, los notarios podrán garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en las ejecuciones hipotecarias extrajudiciales que en las ejecuciones que se realizan por vía judicial, pese a las dudas suscitadas por las diferencias legales existentes entre ambos procedimientos.

Respecto al sistema de ejecución extrajudicial, los bancos tienen esta opción para ejecutar la hipoteca ante notario, cuando así se haya pactado en la escritura pública. Según los notarios, la regulación legal de este procedimiento no se ha adaptado a la actual situación de crisis y sobreendeudameniento familiar, como se ha hecho con la ejecución hipotecaria por vía judicial.

Por ello, además de establecer esta interpretación legal, el Consejo General del Notariado solicitará a Ruiz-Gallardón la reforma del actual sistema de ejecución hipotecaria extrajudicial, para implementar medidas adecuadas de protección de los consumidores.

El Notariado propondrá también al ministro de Justicia introducir en la normativa concursal medidas que permitan tratar adecuadamente el sobreendeudamineto de los ciudadanos, para equiparar el ordenamiento jurídico español al de los países del entorno.