La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el plan con el que el Ejecutivo pretende regular el pago a proveedores y el déficit de las administraciones públicas.
En este sentido, Sáenz de Santamaría ha dicho que las administraciones locales (ayuntamientos) tendrán hasta el 15 de marzo para informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "detalladamente" de todas las facturas (con fecha anterior al 1 de enero de este 2012) que adeudan a las empresas privadas. Además, deberán presentar un plan de viabilidad para hacer frente al pago de estas deudas.
Se trata, ha dicho la vicepresidenta, de "poner orden en las cuentas". El objetivo de este proyecto es. según el Ejecutivo, que todas las administraciones públicas presenten equilibrio o superávit, es decir, que el déficit no supere el 0,4 % del PIB, y que su deuda no supere el 60 %.
La vicepresidenta explicado que la Comisión de Asuntos Económicos establecerá un conjunto de obligaciones legales para que las corporaciones locales comuniquen las deudas pendientes y asuman el compromiso de cumplir su pago con un plan de viabilidad.
Regular el mercado de valores
Aparte de esta medida, ya hecha pública, el Gobierno ha anunciado un anteproyecto de ley para adelgazar y racionalizar los organismos que regulan el mercado de valores y cuya principal novedad será la creación de una 'supercomisión' que llevará el nombre de Comisión Nacional de Mercado y Competencia.
La supercomisión anunciada por el Gobierno servirá, dice Sáenz de Santamaría, para "ahorrar dinero"Así, según Sáenz de Santamaría, se transformarán la pluralidad de organismos actualmente existentes (salvo la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España) en un solo organismo, con el fin de "evitar las contradicciones" entre los informes que se emitan así como buscar un siistema "más abierto y competente", que "ahorraría dinero a las arcas públicas (unos 4 millones de euros)".
En esete sentido, la vicepresidenta ha dicho que la nueva comisión que sea creará, y donde se fusionarán todas las existentes ahora, tendrá 9 miembros (por 52 que suman todas las comisiones actuales), que serán nombrados por el propio Gobierno. Con esta reforma habrá más "seguridad jurídica para los usuarios y también más competitividad", ha dicho Sáenz de Santamaría.
Según ha explicado la vicepresidenta, tras la puesta en marcha de la Ley de Economía Sostenible, estos organismos, que en su opinión deben llamarse "supervisores" más que "reguladores", se duplicaron, pasando de 4 a 8 instancias, por lo que ahora "hay que adelgazarlos".
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