Hoy no hay niños en el colegio privado Santa Illa de Madrid y en su lugar un grupo de periodistas esperaba el regreso de los camiones que el ljueves, en pleno horario escolar, vaciaron el centro por la abultada deuda de su propietario con la Seguridad Social.

A primera hora, un funcionario informaba de que pupitres, sillas, pizarras y hasta la centralita telefónica, se encontraban en un almacén de Coslada y que a lo largo de la mañana estarían de vuelta.

La decisión fue tomada por la Dirección General de la Tesorería de la Seguridad Social. Andrés Ruiz, el funcionario encargado de supervisar el embargo, aseguraba no haber visto una cosa así en sus 24 años de servicio y lo atribuía a la "alarma social" generada.

Poco antes del mediodía volvieron los transportistas y el colegio se convertía en depositario de unos bienes que, en realidad, siguen embargados y que debe proteger.

Esto permitirá que los niños, unos 150 de entre 3 y 17 años, vuelvan el lunes a clase para poder terminar el curso, mientras que el propietario del centro busca una solución para saldar la deuda de cerca de un millón de euros.

Sin embargo, a primera hora de la mañana, cuando los equipos de televisión más madrugadores llegaron al colegio, un par de furgonetas habían acudido al centro para llevarse lo que se les quedó el día antes y la madre de unos alumnos del cole se acercaba a las cámaras para volver a quejarse de la forma y, lo que es peor, el momento en el que se había hecho el embargo. Poco después, los muebles regresaban.

Andrés Ruiz, el funcionario, se ha convertido en improvisado portavoz de la Seguridad Social y ha explicado que el director del centro sabía desde hace quince días que se iba a ejecutar el embargo este jueves.

Ruiz ha añadido que, aunque el propietario había presentado un recurso ante un juzgado solicitando que no se retirasen los bienes, también se le había informado de que eso no paralizaría el proceso.

El miércoles se le notificó por fax que el embargo se iba a realizar al día siguiente, según Ruiz, quien ha añadido que el centro recibió el 31 de enero la primera advertencia de embargo.

El colegio tiene pendientes deudas acumuladas con la Seguridad Social por valor de 992.263 euros desde hace 20 años, según consta en el auto del juzgado madrileño que autorizó el embargo del centro el pasado 22 de diciembre.

Por su parte, el propietario y administrador del colegio Santa Illa de Madrid, Iñaki Santa, ha explicado a los medios que "aunque ha pasado muchas crisis" durante los 50 años de vida del colegio, "nunca como ahora", que se ven obligados a "dar becas" a padres que no pueden pagar el colegio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha calificado de "verdaderamente lamentable" que el embargo del material escolar del colegio Santa Illa se produjera en mitad de la clase.

Ha asegurado que le "ha sorprendido muchísimo" ese embargo durante las clases y que "encima" lo haya hecho la Seguridad Social.

No obstante, se ha declarado "muy contenta" de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la secretaria de Estado Engracia Hidalgo, hayan dado orden de interrumpir el embargo hasta que acabe el curso.

Lo primero de todo ha de ser el derecho de los alumnos a la educación, ha manifestado la presidenta madrileña, que además ha advertido de que habrá que aclarar cómo ha sido esa irrupción de los funcionarios de la Seguridad Social en mitad de la clase.