El Secretariado de Jueces para la Democracia (JpD) considera necesario investigar judicialmente los "excesos individuales" que pudieran haber cometido agentes determinados en las protestas estudiantiles de Valencia, pero también "los posibles excesos por parte de cualquier persona, menor o mayor de edad". Además, ha destacado que es "evidente" que existe "una responsabilidad clara de los responsables políticos de la Subdelegación del Gobierno y de la estructura de mando policial".

JpD, en un comunicado, ha señalado que la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es "muy compleja" en un Estado Democrático y, sobre todo, la de las denominadas unidades de intervención o antidisturbios, pues "se enfrentan a constantes momentos de tensión en los que su misión de inmediata protección de personas y bienes, en función de cómo se lleve a cabo en el caso concreto, sitúa en una zona de riesgo los derechos indicados pero también el razonable mantenimiento en orden de los espacios públicos de convivencia".

En esta línea, este colectivo entiende que "la decisión acerca del porqué, el cómo, dónde y cuándo actuar corresponde a los responsables políticos, y la forma y organización de la actuación, a los responsables orgánicos de los Cuerpos Policiales".

"No se pueden cometer errores en el diseño de esos dispositivos colocando a los agentes ante situaciones de alta tensión, sin haber analizado previamente todas las alternativas posibles, para después pretender que recaiga el reproche únicamente en los concretos funcionarios policiales que se encontraban en el lugar", ha subrayado la asociación de jueces.

El Secretariado de la entidad judicial ha expresado su "grave preocupación" por la situación que se está viviendo en estos días en Valencia a raíz de "la virulenta represión policial" al movimiento de protesta estudiantil.

JpD ha criticado que en un contexto de "reducción presupuestaria en la enseñanza pública a todos sus niveles, precarización de las condiciones en que ésta se imparte y evidente riesgo de reducción de su calidad, la movilización de los más jóvenes en particular, por defender lo que será su horizonte formativo, lo que debiera ser motivo de reflexión del conjunto de la sociedad y, especialmente, de los responsables políticos, tiene expresiones lógicas que, manteniéndose dentro de los límites constitucionales, suponen el ejercicio de derechos cuyo respeto y tutela es exigible a todos los poderes públicos".

"Cuando la ciudadanía ejercita derechos fundamentales no puede estar sometida al permiso ni al previo consentimiento de ningún poder público", ha añadido el colectivo judicial, quien ha indicado que la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la de las "delegaciones del poder", también cuando se exige comunicación previa, "es la de facilitar su ejercicio".

Además, ha añadido que cuando se trata del derecho de manifestación, "la función de la autoridad pública es, ante todo, garantizar su ejercicio, sin perjuicio de adoptar medidas de seguridad, de resultar necesarias, pero, en ningún caso, someter el derecho a restricciones que lo hagan irreconocible en nombre de una supuesta función de orden público, entendido como silencio de la ciudadanía".

En esta línea, Jueces para la Democracia ha hecho hincapié en que "la invocación del orden público no puede convertirse en un pretexto para truncar el ejercicio de un derecho fundamental, precisamente porque en las democracias el respeto a los derechos fundamentales forma parte del núcleo duro del concepto de orden público a defender o a salvaguardar".

"graves déficits regulativos"

Asimismo, este colectivo judicial ha manifestado que en estos días se han puesto nuevamente de manifiesto los "graves déficits regulativos" en materia de detenciones policiales, así como en la aplicación del "insuficiente régimen vigente, siendo inaceptable que se hayan producido determinadas situaciones".

JpC considera que "el progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar, bajo la excusa de una situación de crisis económica no provocada por quienes de forma más directa sufren sus feroces consecuencias, agudiza las desigualdades e incrementa la conflictividad social".

Esta asociación entiende que incumbe a los responsables políticos "hallar soluciones no meramente represivas a esta situación, evitando un clima social indeseable que deteriore el insoslayable vínculo entre comunidad humana de la que emana todo poder legítimo y quienes lo ejercen coyunturalmente".

En este sentido, Jueces para la Democracia ha reclamado "el más fuerte compromiso con los derechos fundamentales instrumentales para explicitar el desacuerdo político".