El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la anulación del decreto de 2005 del Ayuntamiento de Madrid, que incrementaba en un 50% las sanciones por multas de tráfico, al desestimar el recurso del Ayuntamiento contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declaraba nulo dicho decreto

La Sala Tercera del Supremo, en una sentencia del 5 de febrero, considera "razonable y ajustado a derecho" el fallo del TSJM, que en junio de 2009 ya consideró que el cuadro de multas contenido en el decreto, que dictó el entonces concejal del Área de Seguridad, vulneraba los principios de jerarquía normativa y de proporcionalidad.

Ello es así porque el Ayuntamiento llegó a establecer que una infracción grave como aparcar en doble fila, que la Ley de Tráfico multa con entre 90 y 300 euros dependiendo de la situación, sería sancionada siempre con la cuantía más elevada, es decir, 300 euros en todos los casos independientemente de su gravedad.

La empresa DVuelta, especializada en recurrir sanciones de tráfico, fue la autora del recurso original ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La decisión del Ayuntamiento, aseguró, era meramente recaudatoria y no tenía nada que ver con garantizar la seguridad.

Para justificar su recurso, DVuelta advirtió cómo los presupuestos municipales estimaban cada vez mayores ingresos por infracciones al volante: de los 95 millones de euros que entraron a las arcas municipales en 2005 por este concepto se ha pasado a los 200 millones en 2008 y a los 270 millones previstos para 2009.

DVuelta estima que el importe de las multas de tráfico cobradas desde entonces en base al citado decreto de 2005 podría superar los 600 millones de euros. Asimismo, señala que los madrileños que hubieran sido sancionados en base a esa norma pueden recurrir las multas, ya que la normativa ha sido declarada ilegal, y recuperar su dinero.

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, ha recordado que después de la sentencia del TSJM en 2009, el Ayuntamiento se adaptó a la nueva normativa sobre multas de la Dirección General de Tráfico, que establecía sanciones de hasta 100 euros por infracciones leves, de 200 euros por infracciones graves y de 500 euros si eran muy graves. Por ello, las multas impuestas después de la modificación no son recurribles por nulidad legal.