El jefe superior de Policía de la Comunitat Valenciana, Antonio Moreno, ha asegurado que los agentes se han visto obligados este lunes a emplear la fuerza en Valencia ante la "agresividad" de los manifestantes, y que es la autoridad judicial quien debe evaluar si ha sido una respuesta proporcional.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa convocada con carácter de urgencia por la Delegación del Gobierno ante los incidentes que se han producido en la cuarta jornada de protestas estudiantiles que se desarrollan en Valencia desde el miércoles, en la que, hasta el momento, se han contabilizado 25 detenidos.

El jefe superior de Policía no ha querido revelar el número de agentes que están interviniendo ante estas protestas y, al ser preguntado por ello, ha dicho: "No es prudente revelarle al enemigo cuáles son mis fuerzas".

A diferencia de las protestas de la pasada semana, en la que "por mucho que se diga" la Policía limitó su acción, este lunes ha habido un "plus de agresividad" de los manifestantes que ha requerido "una respuesta equitativa".

"Algunos creen que están en un juego, pero luego vienen las sorpresas y las lamentaciones" en forma de sanciones o procesos judiciales, ha lamentado Moreno, quien asegura que los manifestantes han volcado contenedores y arrojado las botellas que había en su interior a los agentes: "Un clásico", ha añadido.

La delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, ha negado este lunes que hubiera "represión" policial contra las protestas estudiantiles de la semana pasada en Valencia y ha asegurado que si se detecta "extralimitación" de algún agente habrá "consecuencias", igual que para quien actuó de forma ilícita.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa después de reunirse con los portavoces parlamentarios de Esquerra Unida y Compromís para analizar la proliferación de manifestaciones sin comunicación, a quienes ha pedido que "actúen con responsabilidad" y que no alienten conductas que pueden ser delictivas.

Según ha incidido la delegada, las protestas estudiantiles de la pasada semana fueron concentraciones no comunicadas, que no obstante transcurrieron con normalidad hasta que los manifestantes cortaron el tráfico de una de las calles "más importantes de la ciudad" y se zarandeó a un coche que intentaba pasar por allí.

Se les pidió que desalojaran la calle y que cesaran su conducta y, al no hacer caso, "la Policía actuó ante una situación de desorden y desacato". La delegada respalda a la Policía Nacional, porque "no hacerlo sería una irresponsabilidad", pero esto "no significa que ampare la extralimitación de sus funciones, si es que las hubo".

Por ello, aunque no ha abierto ninguna investigación oficial, ha asegurado que verá "con detalle" si hubo extralimitación de algún agente, y si la hay "tendrá las consecuencias que deba tener", igual que las habrá para las personas "que actuaron de forma ilícita".

No obstante, Sánchez de León no tiene constancia de denuncia o investigación alguna contra ningún agente. "No hay represión, ni instrucciones ni intento de control del derecho a la manifestación", el cual se garantizará desde la Delegación del Gobierno, ha asegurado Sánchez de León, quien opina que lo que ocurrió la pasada semana "nada tiene que ver con este derecho".

Respecto a la petición de Compromís de anular los expedientes sancionadores abiertos contra menores, la delegada ha dicho que los revisarán por si hay alguno que no cumpla todos los criterios, aunque no se suspenderán de forma genérica.

Según el balance oficial de la Delegación del Gobierno, las protestas estudiantiles de la pasada semana se saldaron con 17 detenidos y 13 policías agredidos. Entre los detenidos había dos jóvenes de 17 años, uno de los cuales cumplió la mayoría de edad al día siguiente de ser arrestado, y el resto tenía entre los 18 y los 49 años y no eran estudiantes del instituto Lluis Vives, donde se inició la manifestación, sino "personas de distintos espectros sociales que se concentraron para protestar".