La Junta vincula el pago de la indemnización a la decisión que tome el Tribunal Constitucional, ante el cual la Consejería de Igualdad presentó un recurso de amparo, según ha denunciado el abogado de Carmen Fernández, Gabriel Velamazán.
Los 1,7 millones de euros se depositaron en el Juzgado de Familia el 30 de enero. Pero el 12 de mayo, la Administración autonómica presentó un escrito en el que decía que no era un pago, sino una consignación, por lo que queda retenido hasta que el Constitucional se pronuncie. Velamazán criticó, por ello, el «abuso de derecho» y las «argucias preñadas de mala fe» que la Junta lleva a cabo para diferir el pago.
«Cumplió los plazos»
La Junta se lava las manos. La consejera de Igualdad, Micaela Navarro, dice que se cumplieron «escrupulosamente los plazos establecidos» por la Audiencia Provincial. Asegura que el juzgado es el que tiene retenido de manera «cautelar» la indemnización y que «tiene que ser la justicia la que decida si el pago se hace o no efectivo».
Sigue sin poder ver a su hijo
Carmen Fernández no ha cobrado, pero tampoco puede ver a su hijo. Cuatro meses después de la sentencia firme de la Audiencia, tampoco se ha puesto en marcha el régimen de visitas a Iván, el hijo de 13 años que continúa viviendo con la familia de acogida en Dos Hermanas. La niña, Sara, de 15 años, regresó hace dos años de manera voluntaria con su madre. Su abogado presentará una demanda de ejecución de las visitas. La directora general de la Infancia y la Familia de la Consejería de Igualdad aseguró ayer que se «ejecutará cuando así se considere también desde la vía judicial».
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