Los sacerdotes colombianos Rafael Reátiga Rojas y Richard Armando Píffano Laguado, tiroteados hace un año en Bogotá dentro de un automóvil, contrataron a dos sicarios para que cometieran el doble homicidio.

El motivo, según ha revelado la Fiscalía General, era que uno de ellos era portador del virus del sida. Poco antes del crimen, los religiosos intentaron suicidarse con la simulación de un accidente de tráfico en un despeñadero cerca de Bucaramanga (nordeste).

Al no conseguirlo, contrataron a Isidro Castiblanco Forero y Gildardo Peñate Suárez, conocidos con los alias de Gallero y Gavilán, respectivamente, a quien la fiscal antiterrorista les ha imputado cargos por homicidio agravado.

Los sicarios cobraron por asesinar a los religiosos quince millones de pesos (unos 6.457 euros); de hecho, según la fiscal, los prelados católicos habían hecho saber que "iban a pagar su muerte" ya que concluyeron que "la única opción (que les quedaba) era encontrar una persona" que acabara con sus vidas.

Las comunicaciones telefónicas hechas por los sacerdotes antes del crimen permitieron a los investigadores identificar a los presuntos sicarios, quienes utilizaron dos armas de fuego para cometer el doble homicidio.

Los resultados fundamentales de la investigación han sido publicados por el diario bogotano El Tiempo, que indicó que los sacerdotes llegaron a un "pacto de muerte" una vez que a uno de ellos le había sido diagnosticada "una enfermedad contagiosa incurable".

Reátiga, de 36 años y párroco, y Píffano, de 37, aparecieron tiroteados a bordo de un automóvil el 27 de enero del año pasado en un descampado de Kennedy, localidad de la capital colombiana.

El primero de ellos pertenecía a la Diócesis de Soacha, población vecina a Bogotá, y el otro a la de Fontibón, en la localidad bogotana del mismo nombre