"Se puede poner de nuestro lado o del lado de los pedófilos". Con esta contundente frase, el ministro canadiense de Seguridad Pública, el conservador Vic Toews, ha defendido un duro proyecto de ley que, del mismo modo que las normativas antipiratería de multitud de países de todo el mundo, pretende establecer la vigilancia de los internautas.
A medida que la tecnología evoluciona, actividades criminales como la distribución de porno infantil, se vuelven más sencillas
El proyecto de ley, denominado Online Surveillance, convertiría a las operadoras en vigilantes al servicio de las autoridades. Cuando estas lo solicitasen, las operadoras estarían obligadas a entregar todo tipo de información de sus clientes: nombres, direcciones IP, cuentas de correo electrónico, números de teléfonos... Los proveedores de Internet podrían incluso dar vía libre a la Policía a las comunicaciones privadas de ciertos clientes.
Las palabras de Toews, en las que aludía a la pedofilia, iban dirigidas al parlamentario liberal Francis Scarpaleggia, que ha sido una de las principales voces contrarias a un proyecto que considera peligroso puesto que podría violar el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet y vulnerar gravemente la libertad de expresión. Para Scarpaleggia, la aprobación de la medida supondría un claro abuso de poder.
En defensa del proyecto de ley, el ministro argumenta que "a medida que la tecnología evoluciona, muchas actividades criminales, como la distribución de pornografía infantil, se vuelven mucho más sencillas". "Nosotros estamos proponiendo medidas para llevar nuestras leyes al siglo XXI y facilitar a la Policía las herramientas legislativas que necesitan", explica.
Como respuesta a las voces críticas del partido liberal, Toews asegura que ellos ya habían planteado un proyecto similar antes de que los conservadores llegasen al poder.


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