El portavoz del Grupo Municipal Regionalista y secretario general del PRC en Santander, José María Fuentes-Pila, ha urgido este lunes "pasos firmes y definitivos" para desarrollar el proyecto de integración ferroviaria, tras el anuncio del delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, de una "reprogramación" que a su juicio supondrá un nuevo retraso, "y la pérdida de otros cuatro años como mínimo", en la ejecución de esta actuación "clave" para la capital cántabra.

Según Fuentes-Pila, al "desencuentro" entre el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, que ha supuesto una "merma brutal" de las inversiones regionales y la demora del Plan General de Ordenación Urbana, se suma ahora el delegado del Gobierno, al "poner en cuestión" una reivindicación en la que Santander "lleva ya 17 años volcada".

En este sentido, para el portavoz regionalista las declaraciones de Ruiz suponen "un nuevo varapalo para la ciudad" y muy especialmente para los vecinos de Castilla-Hermida, "que vuelven a ver cómo se aplaza sine die la deseada ordenación de las vías".

En un comunicado, Fuentes-Pila ha recordado que el PRC ya denunció en su momento que el protocolo firmado por el Ayuntamiento con el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Cantabria no establecía ningún plazo para la ejecución de las obras, a pesar de lo cual "el Ayuntamiento lo aplaudió".

Ante esta situación, ha urgido "la constitución inmediata" de la sociedad gestora que debe llevar adelante el proyecto y ha pedido al Partido Popular que "cese en sus contradicciones internas" y actúe "en beneficio del interés general de los santanderinos".

Además, ha rechazado que la crisis económica sea la razón para revisar el convenio suscrito en 2010, porque "los augurios económicos ya anticipaban una situación como la actual" y no impidieron la firma del protocolo para llevar adelante la integración, con una inversión de 689 millones de euros sufragados por el Ministerio de Fomento (386) y el Gobierno de Cantabria (20 millones), mientras que los 283 millones restantes saldrían de la gestión urbanística de los terrenos liberados, un total de 230.000 metros cuadrados, que el Gobierno central se comprometió a poner a disposición del Ayuntamiento.