Para salir de la crisis tal vez todo valga. El Gobierno quiere relanzar la venta de pisos con, por ejemplo, una mejor fiscalidad. Se habla ya de revisar la Ley de costas. El resultado puede ser que muchos edificios ilegales se salven de la piqueta.
Se buscan garantías de que las viviendas no serán demolidasA ese respecto, los registradores ya proponen cambiar las leyes para proteger las viviendas amenazadas de demolición. Se trataría de introducir modificaciones en la Ley Hipotecaria o en la Ley de Suelo para que propietarios que adquirieron viviendas pensando que estaban en regla, pero que luego fueron declaradas ilegales, tengan la garantía de que no serán demolidas.
La propuesta la ha hecho el decano-presidente del Colegio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Alfonso Candau, en el marco del 'Congreso Iberoamericano de Registradores', celebrado en Cádiz.
Según los registradores, el principal problema que existe actualmente es que cuando una de estas viviendas es declarada ilegal con posterioridad a su compra, en ocasiones por declararse así el planeamiento urbanístico, el Tribunal Supremo siempre plantea como prioridad el interés urbanístico antes que el del particular.
Viejas o nuevas compras
Para evitar que estos propietarios acaben viendo su casa demolida, y aunque existen otras alternativas para dotar de seguridad jurídica a estos propietarios, Candau consideró que "siempre lo más determinante y seguro es cambiar la ley", aunque ello supone un proceso mucho más complejo.
El problema del actual decreto es que solo es efectivo para nuevas comprasEl decreto 8/2011 de medidas de apoyo a los deudores, aprobado el pasado mes de julio y promovido por la entonces secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, ya introducía para el comprador más exigencias antes de inscribir la vivienda en el registro y se le facilitaba el conocimiento previo de posibles ilegalidades que pudiera arrastrar dicho inmueble.
De esa manera se trataba de cubrir su indefensión en el futuro y tratar de mejorar la imagen del mercado español de cara al exterior para intentar atraer a la demanda extranjera. El problema es que el decreto solo es efectivo para las nuevas adquisiciones y no para las compras consolidadas años atrás.
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