El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha remitido al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, que investiga una supuesta trama corrupta en la adjudicación de obras en instalaciones de la Policía, varios escritos con información sobre acuerdos firmados desde el año 2003 sobre los que el sindicato sospecha que podrían estar relacionados con la investigación. Este juzgado abrió hace aproximadamente un mes unas diligencias previas en relación a una denuncia anónima sobre supuestos contratos ilícitos en la Policía durante el ejercicio 2010-2011.

En concreto, la documentación aportada ahora por el SUP hace referencia a obras acometidas en las comisarías de Manacor (Mallorca), Zamora y Alcalá de Guadaira (Sevilla), presuntas irregularidades en la contratación de once robots de desactivación para los Tedax y la reciente adquisición de inhibidores, que según dicen han presentado problemas de funcionamiento.

El primer documento aportado hace referencia a la construcción de una nueva Comisaría de Policía en la localidad mallorquina de Manacor. Ya entonces, 25 de junio de 2003, el SUP pedía información sobre las obras y advertía por escrito de que tenían "constancia de algún presupuesto del servicio de arquitectura de la Dirección General de la Policía, que encarecía notablemente una obras en relación a otros presupuestos solicitados".

La Dirección General de la Policía por medio del entonces jefe de Coordinación y Apoyo Técnico, José María Rodríguez Calderón, contestó al sindicato instándole a "matizar" ese último comentario ya que "la acusación formulada podría ser objeto de responsabilidades penales". Actualmente, Rodríguez Calderón ocupa el cargo de subdirector general de Gestión Económica, Técnica y Documental en la nueva Junta de Gobierno de la Policía designada por el actual director general, Ignacio Cosidó.

Comisaría de manacor, CASI 2 MILLONES

Según informó Interior, esta Comisaría de Manacor se financió con cargo a los presupuestos de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado por un importe de adjudicación de 1.869.428,63 euros y un plazo de ejecución de 16 meses.

En otro de los documentos referente al año 2006 el SUP solicitaba información sobre las instalaciones en la Comisaría de Alcalá de Guadaira y requería los presupuestos destinados a la adquisición de material (uniformes, vehículos, herramientas técnicas) de los años 2004, 2005 y 2006. En ese sentido, la Dirección General contestó que las partidas destinadas a infraestructuras fueron 24 millones de euros en 2004 y 31 millones de euros en 2005 y no se especificaba la partida para 2006, pero si se avanzaba que superaría los 38 millones de euros.

Se trata de hechos que el SUP ya ha denunciado ante el Consejo de la Policía y que ha recopilado ahora con el objeto de que el juez los incorpore a la causa. Este sindicato presentó el pasado 31 de enero ante la Fiscalía General del Estado un escrito en el que se denunciaba una presunta trama de corrupción en la adjudicación de obras en las instalaciones dependientes de la Dirección General de la Policía.

Esta denuncia inicial partía de una denuncia anónima llegada en el "interior de un sobre y sin remitente" a la sede del sindicato bajo el título "Graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el departamento de obras y arquitectura de la Dirección General de la Policía".

Parte de una denuncia anónima

Consiste en un total de nueve folios en las que este anónimo denuncia una serie de irregularidades como prestación de servicios amañados, subcontratas o presupuestos fraccionados para evitar sacar a concurso público algunas concesiones de obras.

"Se tiene constancia de la continua práctica de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios de técnicos y consultorías, que debido a su falta de transparencia a la no concurrencia de ofertas reales (pues todas son amañadas de antemano) y al impulso de expedientes que no procede su gestión al estar ya incluidos en otros, vienen acarreando graves perjuicios económicos a la administración", comienza diciendo este documento al que ha tenido acceso Europa Press.

La presente denuncia hace referencia al ejercicio 2010-2011 y en ella explica que la práctica consiste en "escoger ofertas muy elevadas fuera del precio de mercado en el caso de obras" o "elegir direcciones facultativas interrelacionadas con técnicos del citado departamento que gravan los contratos con sobrecostos que no se producirían si toda la gestión de obras y proyectos se realizarán con verdadero interés para la administración".

Además añade que se llega a dar el caso de empresas ubicadas en Madrid que se desplazan a realizar obras a otras provincias sin pedir ofertas a otras empresas localizadas en esos lugares pese a eso abarataría el coste de obra.

Según la denuncia, algunas de estas irregularidades han afectado a obras previstas en el Plan E y que esta trama habría supuesto "cientos de miles de euros para pérdida y daños de la administración". En este documento se detallan algunas de las obras que se habrían realizado bajo la práctica de estas irregularidades.

Desde el SUP, en el escrito firmado por su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, se ponen estos datos en conocimiento del Ministerio Público para que, "si lo estima procedente, se llevan a cabo las diligencias que considere oportunas para el total esclarecimiento y comprobación de los hechos denunciados así como la depuración de las responsabilidades derivadas de los mismos".

Decretado el secreto de sumario

Horas después, la propia Dirección General de la Policía reaccionó a esta información aclarando que el juzgado de Instrucción número 26 de Madrid investiga desde hace un mes esta supuesta trama de corrupción en la adjudicación de obras precisamente a petición de la Policía.

Fuentes de la Dirección de la Policía precisaron que hace aproximadamente dos meses un comunicante anónimo remitió un escrito denunciando estos hechos ante la Intervención Delegada de Hacienda. La denuncia presentada por el SUP también partió de un comunicante anónimo que mandó los datos en un sobre sin remitente a la sede del sindicato.

La Intervención Delegada de Hacienda, tras estudiar esos datos, trasladó el documento a la Policía y la Dirección General lo puso en conocimiento de Asuntos Internos, que a su vez lo remitió a la Fiscalía Anticorrupción. Finalmente, el Ministerio Público lo puso en manos del Juzgado número 26, según informa la Policía, que sospecha que se trata del mismo documento anónimo que obra en poder del SUP. El juzgado tiene decretado actualmente el secreto de sumario de las actuaciones.