El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Granada, José Torrente, ha presentado este miércoles el informe de la auditoría laboral que ha llevado a cabo la institución y en la que se ha puesto de manifiesto "indisimulados indicios que muestran cómo se ha pergeñado una estrategia para favorecer en determinados procesos selectivos a concretas personas con nombres y apellidos" durante el anterior mandato con gobierno de PSOE-IU.

Se han visto 30 expedientes de selección de personal de los años 2007 a 2010 que han confirmado que la política de selección de personal en estos años auditados era "un auténtico escándalo" ya que se utilizaba "el poder para, enmascarados con procesos presuntamente impolutos, poder acabar colocando a amigos y afines", señala Torrente en un comunicado.

"La auditoría confirma nuestras sospechas, que siempre tuvimos siendo oposición al gobierno anterior, de que aquí había un pastel para repartir, y que lo hacían con el más puro descaro, ayudándose entre ellos", ha señalado el portavoz quien ha añadido que "la Diputación era su cortijo de colocaciones; el INEM del PSOE y también de IU".

Esta auditoría laboral fue un compromiso electoral del Partido Popular y se ha realizado para comprobar si realmente procesos selectivos que en su día fueron puestos en duda por los propios opositores se adecuaron a la normativa en vigor, analizando a su vez la relación entre los tribunales y las personas que se presentaban a los exámenes algunos de los cuales, según "ha quedado patente en el informe" auditor presentado por José Torrente, habían sido compañeros o eran jefes directos de los que los examinaban.

La política de selección de personal que, por otro lado, abusaba de las contrataciones temporales, ha sido en los últimos años "un auténtico escándalo".

"Ponían en el cajón del olvido la normativa en vigor, saltándosela cada vez que conviniera, abusando de la responsabilidad que tiene gobernar, favoreciendo procesos para sus amigos", ha resumido Torrente tras dar a conocer los principales datos de esta auditoría que ha llevado 147 horas de trabajo de revisión de expedientes y otras 45 horas de concreción jurídica de lo ejecutado.

El portavoz ha recordado varios ejemplos en los que se despertaron las sospechas de los opositores como el de la plaza de técnico superior de desarrollo que fue a parar a un cargo de confianza de Izquierda Unida o el de técnico superior de Deportes en el que una jefa de servicio de esta área participó en el tribunal que eligió al que era su compañero de trabajo, el alcalde socialista de El Padul Manuel Alarcón.

En el caso del técnico superior de desarrollo, de cien aspirantes, solo siete superaron el primer ejercicio, habiendo seis plazas vacantes de las cuales una fue a parar al cargo de confianza de Izquierda Unida. "Curiosamente, se requería titulación de Antropología que era la única que podía aportar el que fuera director del área por Izquierda Unida", ha señalado Torrente.

De 85 aspirantes para ser agentes de Igualdad, solo cuatro pasaron el primer ejercicio, y solo dos aprobaron, siendo una de ellas "la mano derecha en el anterior equipo de Gobierno de la socialista Juana María Rodríguez Masa, entonces vicepresidenta primera y responsable de Bienestar Social". También destacan las oposiciones convocadas para seleccionar a un periodista: hubo treinta aspirantes pero solo una, "curiosamente miembro del equipo de confianza del expresidente Antonio Martínez Caler", superó el primer ejercicio.

Asimismo, para la oposición de una plaza de técnico de la Administración General, de las 129 personas presentadas solo una pasó el primer examen la cual finalizó haciéndose con la plaza. "Esto es increíble e imposible si no hay filtraciones", ha remachado José Torrente quien ha incidido en que se propondrá a los tribunales que se convoquen a partir de ahora que no se decidan hasta última hora las preguntas para los exámenes con el fin de evitar posibles filtraciones.

Como consecuencia de los datos arrojados por esta auditoría, el portavoz y diputado delegado de Función Pública ha anunciado que para los procesos selectivos que se vayan a poner en marcha se van a elegir órganos independientes "con plena libertad de cátedra, con soberanía para ejercitar su función dentro de la legalidad" y para cuya elección se llegarán a acuerdos con los representantes sindicales siendo siempre los presidentes y secretarios de estos tribunales funcionarios adscritos al área de Función Pública.

Además "se ha terminado la práctica de designar a miembros de tribunales en nombre de organizaciones políticas y sindicales" y "se han acabado los repartos", ha aseverado a este respecto José Torrente, quien ha destacado que estas "colocaciones" de afines, colaboradores, amigos y familiares se produjeron "especialmente en la última época en la que podían ya atisbar que su salida del gobierno les dejaría sin este instrumento de colocación tan eficaz e importante para ellos".

Para eliminar dudas desde el inicio sobre la adecuación técnica de los miembros de los tribunales, se incorporará con el nombramiento de dichos miembros las titulaciones que tengan, y se hará constar en las actas expresamente los criterios por los que se valorarán o no se valorarán los méritos profesionales alegados. Se baremarán en igualdad de condiciones la experiencia profesional en los ámbitos privado y público sin primar este último, y se motivarán las respuestas a las posibles alegaciones de los examinados, a diferencia de lo que se ha venido haciendo hasta el año pasado.

Son algunas de las medidas anunciadas hoy por Diputación a raíz de esta auditoría laboral con las que se quiere recuperar, según ha explicado el portavoz del equipo de Gobierno, "la confianza de los ciudadanos en instituciones como la Diputación y en sus gobernantes, y en el acceso a la función pública a través de procesos selectivos donde imperen los principios de igualdad, mérito y capacidad".