El juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo (TS) después de que el juez haya dicho que su conciencia "está tranquila" porque actuó guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas para evitar "el olvido".

En su turno de última palabra el magistrado ha citado al filósofo alemán Enmanuel Kant para afirmar que "el tribunal del hombre es su conciencia", y ha reiterado que actuó en cumplimiento estricto de las normas procesales en la investigación de los crímenes del franquismo.

"Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas a derecho, investigar, perseguir y sancionar los crímenes masivos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales (..) como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria", ha dicho Garzón.

El juez, para quien Manos Limpias ha pedido 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha recordado que todas las decisiones que adoptó mientras mantuvo la competencia de la causa fueron compartidas y asumidas por las partes, incluido el fiscal y que durante esos dos años desde que se presentaron las denuncias en 2006 tampoco se planteó ningún recurso.

Una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió que los hechos no eran de su competencia, ha asegurado, todas las actuaciones se paralizaron y acordó inhibirse en favor de los juzgados territoriales que por ubicación de las fosas o por las denuncias de los querellantes podían tener la competencia.

"Se hizo en cumplimiento del mandato judicial para dar protección a las víctimas", ha añadido para concluir que se puede compartir o discrepar de su criterio pero entiende que sus resoluciones son defendibles de acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional.

En ese último ámbito ha enmarcado la interpretación jurídica que utilizó para investigar unos "hechos criminales masivos que tienen carácter permanente", ya que en muchos casos se desconoce el paradero de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Esto es lo que a juicio de Garzón sitúa los hechos denunciados ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en un contexto de crímenes contra la humanidad, en el que la "obligación del juez es dar protección a las víctimas e investigar esos delitos".

Así, Garzón ha afirmado que actuó en el uso de la independencia judicial y la libertad interpretación y que tomó las decisiones que consideró más ajustadas a derecho, guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas, que son las que deben guiar a todo juez.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha acusado este miércoles al juez de abrir una causa general para enjuiciar "un movimiento, una época" al declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, y ha subrayado que actuó con distinto criterio cuando rechazó una querella por la matanza de Paracuellos.

El abogado Joaquín Ruiz Infante -que también ejerce la acusación en nombre de la asociación Libertad e Identidad- ha centrado su informe final ante el Tribunal Supremo en el hecho de que Garzón archivara en 1998 "en solo 24 horas" la querella presentada por las familias de las víctimas de Paracuellos y diez años después abriera una causa "por crímenes semejantes cometidos desde el otro lado".

"¿Se quiere sostener que los hechos ocurridos en Paracuellos no son desapariciones forzosas y sí los del bando contrario? ¿Que los enterrados en unas fosas pueden acogerse al derecho internacional y los de las otras no?", ha preguntado Ruiz Infante. El letrado ha rechazado, además, que las desapariciones denunciadas puedan calificarse como delitos de comisión permanente diciendo que todas las víctimas han muerto y ninguna sigue privada de libertad.

Para el abogado, no puede hablarse de detenciones ilegales, sino de delitos de asesinato que habrían prescrito a los 20 años, y tampoco pueden aplicarse las leyes sobre el genocidio, que no fueron incorporadas al ordenamiento español hasta 1971. Además, ha dicho que los crímenes denunciados obedecieron "a designios políticos del bando nacional", por lo que quedaron incluidos en la Ley de Amnistía de 1977.

El representante de la acusación ha manifestado también que, con el criterio aplicado por Garzón, "hoy podríamos abrir un procedimiento por los fusilamientos del 2 de mayo" mientras no se identifique a todos los ejecutados y sus lugares de enterramiento o por cualquiera "de los desmanes cometidos en la historia de España".

Por su parte el abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha considerado que las decisiones del juez en la investigación de los crímenes del franquismo son "tan defendibles y razonables" como las contrarias y ha replicado a la acusación de Manos Limpias que la matanza de Paracuellos ya fue juzgada.

Martínez-Fresneda ha calificado de fraude procesal que Manos Limpias haya modificado sus conclusiones para incluir "como eje de toda su argumentación" la querella presentada contra Santiago Carrillo por las familias de las víctimas de Paracuellos, que Garzón archivó en 1998.

"Eso fue una causa general y no esto", ha dicho tras destacar que, aunque desde el punto de vista moral los hechos son igual de repugnantes, no tienen parangón desde el punto de vista jurídico porque aquellas víctimas fueron identificadas y honradas, recibieron una indemnización y fueron reparadas en lo posible.

Las víctimas del franquismo, sin embargo, estaban en situación "de total abandono", ha añadido, para recordar que tras admitir a trámite las denuncias y antes de pronunciarse sobre su competencia, Garzón trató de determinar el número exacto de desaparecidos y se encontró con que ni la Administración, ni los tribunales, ni los Ayuntamientos, ni los cementerios tenían ese dato.

"Ello refuerza la imagen de que estamos hablando de un problema global de desaparecidos física y civilmente de los que no había quedado rastro alguno", ha dicho Martínez-Fresneda, que ha señalado que, al retirarle la competencia, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional "salvó expresamente" esas actuaciones, que permitieron concluir que hubo entre 114.000 y 130.000 desaparecidos.

El abogado ha solicitado a la sala la absolución de Garzón, reconociendo que llegados a este trance su única y modesta pretensión es que el tribunal admita que las decisiones del juez son tan defendibles y razonables como las contrarias y que las aplicó pensando que eran las correctas, siendo su máxima preocupación las víctimas del franquismo.