El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón de la Frontera (Sevilla) ha llamado a declarar en calidad de imputados al excalcalde de Morón Manuel Morilla (PP) y al vigente concejal popular de dicho municipio Antonio José Ramírez Sierra, en el marco de las diligencias relativas al conocido como caso 'Mozampro'. La citada instancia judicial investiga un posible delito de prevaricación asociado a la escritura pública de venta formalizada por la sociedad 'Altos del Sur', perteneciente al Ayuntamiento, en favor de la promotora 'Mozampro XXI' para el destino de unos suelos destinados a la construcción de viviendas protegidas.

En concreto, y a través de una providencia fechada el 31 de enero y recogida por Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Morón cita el próximo 22 de febrero a declarar "en calidad de imputados" a Manuel Morilla Ramos, el vigente concejal del PP Antonio José Ramírez Sierra y el que fuera también edil popular en el Ayuntamiento de Morón de la Frontera Antonio Jiménez Martín. Todos ellos formaban parte del consejo de administración de la sociedad municipal 'Altos del Sur' cuando los suelos en cuestión fueron vendidos y escriturados en favor de 'Mozampro XXI'.

Los hechos.

El caso 'MOZAMPRO'

La sociedad de desarrollo local 'Altos del Sur', perteneciente al Ayuntamiento de Morón, promovió en 2005 y bajo el mandato de Manuel Morilla un concurso público destinado a la enajenación de una finca de 46.278 metros cuadrados con destino a la construcción de un máximo de 233 viviendas protegidas. En diciembre de aquel año, 'Mozampro XXI', cuyo administrador único era José María Montoya, se hizo con los suelos por 430.000 euros. La Asamblea Moronera Alternativa, que elevó los hechos a la Fiscalía, había advertido de que gracias a esta operación, Montoya habría cosechado un beneficio de más de un millón de euros al revender en 2007 la empresa 'Mozampro XXI' sin haber edificado las viviendas protegidas en cuestión.

A tal efecto, la Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón) había elevado a la Fiscalía el posible incumplimiento del pliego de condiciones administrativas particulares que rigió esta enajenación, dado que el primer criterio a valorar que contempla el documento es "la experiencia demostrada en el desarrollo y promoción de más de 80 viviendas en curso o en los últimos cinco años en la localidad". 'Mozampro XXI', según AMA-Morón, no habría cumplido este primer criterio a valorar. CONDICIONANTES

Igualmente, el pliego prohibía que se formalizase la escritura pública de los suelos en favor de la sociedad adjudicataria hasta la entrega de la preceptiva licencia de obras, la elaboración de un proyecto de reparcelación y el comienzo de las obras de urbanización. El 9 de febrero de 2006, no obstante, los suelos fueron escriturados a nombre de la empresa supuestamente sin que tales aspectos fuesen cumplidos, toda vez que mediante dicha escritura pública, 'Mozampro XXI' obtuvo una hipoteca de 890.000 euros en torno a estos suelos que fueron tasados por 1.530.000 euros por la entidad prestataria.

"El valor real de los terrenos se incrementa más de un millón de euros en un solo día", advertían los independientes de Morón, quienes señalaban también que, en mayo de 2007, José María Montoya "revendió" la sociedad limitada 'Mozampro XXI' por encima de esta tasación de 1,5 millones de euros y sin haber edificado las viviendas.

Escrito de la fiscalía

Después de haber elevado los hechos a la Fiscalía, el Ministerio Público recoge, en un escrito fechado el 29 de abril de 2011 y recogido por Europa Press, que Manuel Morilla, por entonces alcalde de Morón de la Frontera y presidente del consejo de administración de 'Altos del Sur de Sevilla', otorgó el 9 de febrero de 2006 una escritura pública de venta sobre los suelos en cuestión a 'Mozampro XXI' como vencedora del mencionado concurso público.

Tal extremo, según la Fiscalía, constituye un "incumplimiento íntegro" de una cláusula del pliego de condiciones administrativas particulares que, en concreto, supeditaba la escritura pública de venta al inicio de las obras de urbanización, la concesión de la preceptiva licencia de obra y la inscripción del proyecto de reparcelación.