La crisis mantiene vivo el debate inmobiliario. Precios, excedente, dación en pago, ley hipotecaria y ahora el debate sobre las ventajas fiscales de comprar vivienda.

Recientemente el Gobierno ha bajado el IVA a la compra de vivienda, pero no solo a la habitual. Si este lunes, los promotores iban más allá y pedían que el incentivo fiscal sea "también para los no residentes", al tiempo la Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado un escrito de denuncia a la Unión Europea contra esa bajada del IVA.

Dado que el Ejecutivo ha hecho efectiva la bajada del IVA para cualquier tipo de propiedad inmobiliaria, la plataforma dice que, con su decisión, Rajoy ha respaldado una medida que "viola claramente" la normativa comunitaria, que no permite aplicar un tipo superreducido del impuesto a cualquier tipo de vivienda.

La plataforma explica que la extensión del IVA superreducido a todas las viviendas permite situaciones "terriblemente aberrantes", como que la compra de un "palacete" o una tercera residencia en la playa pague tan sólo un 4% de IVA, mientras los ciudadanos y las empresas soportan diariamente tipos que llegan hasta el 18% por bienes o servicios más necesarios.

De la misma forma, la Plataforma por una Vivienda Digna se opone "frontalmente" a esta medida porque sólo busca ayudar a las entidades financieras y de promoción inmobiliaria en el "enésimo intento" de recuperar un modelo que a los ciudadanos sólo les ha aportado vivienda "inaccesible, precariedad y endeudamiento".

En su opinión, es necesario preguntarse por qué el Gobierno favorece de esta forma "tan clamorosa" a bancos y promotoras, "olvidando por completo" el derecho a una vivienda digna. Además, el Estado dejará de ingresar unos 750 millones de euros por esta bajada de impuestos.

La plataforma no solo ha denunciado la bajada fiscal ante la UE, sino que ha pedido al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad al entender que la bajada del IVA para todas las propiedades inmobiliarias vulnera también la Constitución Española. En concreto, es contraria al artículo 31.1, que exige que el sistema tributario se inspire en principios de igualdad y progresividad.