El juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo continúa esta semana con tres jornadas más dedicadas a escuchar a los familiares de desaparecidos y representantes de asociaciones de Memoria Histórica, que han sido citados por la defensa para demostrar que el juez no prevaricó.
Tras la declaración de los testigos, que tendrá lugar entre el lunes y el miércoles, está previsto que comience la prueba documental y la vista seguirá el jueves con los informes de la acusación popular de Manos Limpias, que pide 20 años de inhabilitación, y los del fiscal y la defensa, que solicitan la absolución para Garzón.
Será después cuando el juez, acusado de prevaricación, tendrá oportunidad de dirigirse a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para reclamar su inocencia durante su turno de última palabra.
Manos Limpias pide 20 años de inhabilitación para GarzónLa primera testigo que comparecerá el lunes es Olga Alcega, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA), que denunció ante Garzón la desaparición de más de 3.000 personas en la Comunidad Foral.
La propia Alcega es nieta de uno de los 81 fusilados el 2 de septiembre de 1936 en Magallón (Aragón).
Tras ella declarará Rafael Espino, presidente de Aremehisa, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Francisco Galadí, de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, y Pedro Fausto Canales Bermejo, presidente de la asociación de Memoria Histórica de Valladolid.
Esta última asociación presentó una denuncia en 2007 ante la Audiencia Nacional pidiendo que se reconociera la condición de desaparecidos a diez personas asesinadas en 1936 en la localidad de Pajares de Adaja (Ávila) y que se comprobara que sus restos se encontraban en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
El martes declarará, entre otros, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, cuyo abuelo fue asesinado por las tropas falangistas el 16 de octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León), junto con otros trece hombres, y fue también la primera víctima desaparecida en la Guerra Civil identificada mediante el análisis del ADN.
Entre los testimonios que podrá escuchar el Supremo esta semana están también los de los representantes legales de las asociaciones que en abril de 2010 solicitaron personarse en esta causa en su condición de perjudicados por los hechos que investigó Garzón, petición que fue denegada por el instructor del caso, Luciano Varela.
El abogado de estas asociaciones testificará el miércoles y ese mismo día declarará también Joan Garcés, letrado que ejerció la acusación en la causa abierta por Garzón contra el dictador chileno, Augusto Pinochet, y que es también letrado de la nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Ambos letrados han defendido en numerosas ocasiones la competencia del juez para investigar lo que califican de crímenes de lesa humanidad y el derecho de las víctimas del franquismo a ser oídas por los tribunales.
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