Según informaron fuentes jurídicas, el juez adoptó esta decisión después de que el fiscal considerara que la Audiencia Nacional no era competente para investigar este asunto, sino un Juzgado de Baleares.

Ismael Moreno se hizo cargo de esta causa después de que el pasado 30 de noviembre el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías Sansaloni, se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional para la investigación de estos hechos y remitiera todas las diligencias que había realizado a dicho tribunal.

Ley Orgánica del Poder Judicial

En su escrito, el fiscal Vicente González Mota pidió devolver la causa al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) porque lo ocurrido no encaja en ninguno de los supuestos del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece las competencias de la Audiencia Nacional, "sin perjuicio de que ante nuevos indicios se podría replantear" la competencia.

El informe es anterior a que se conociera el resultado de una investigación del Consejo de Europa en relación con estos vuelos de la CIA, que implica a España entre los 14 países europeos que supuestamente les dieron cobertura.

El juez de Palma consideró que la Audiencia Nacional era el órgano competente en este asunto al estimar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de "tortura y otros", y que el primero de ellos "es de persecución internacional", cuya investigación compete a los Juzgados Centrales de Instrucción "siempre que haya conexión con nuestro territorio o nuestras personas".

Recurso de reforma

Antoni Garcías, quien investigó los hechos a raíz de la denuncia de unos particulares tras las informaciones publicadas en "Diario de Mallorca", decidió el pasado mes de octubre inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, inhibición que recurrió el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló.

El fiscal jefe planteó un recurso de reforma porque, a su juicio, el magistrado no expuso correctamente en su auto cuáles eran los presuntos delitos, quiénes sus presuntos autores y quiénes sus posibles víctimas.

Garcías Sansaloni rechazó el recurso del fiscal el 30 de noviembre, confirmando así su resolución anterior en la que se inhibía en favor de la Audiencia Nacional, por lo que el caso llegó finalmente a este tribunal.

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