Entra en vigor el decreto por el que se modifica el procedimiento de admisión de alumnos en los centros educativos

Este sábado, 4 de febrero, entra en vigor el decreto del Gobierno de Cantabria por el que se modifica el que regula el procedimiento de admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) en la comunidad.

Este sábado, 4 de febrero, entra en vigor el decreto del Gobierno de Cantabria por el que se modifica el que regula el procedimiento de admisión de alumnos en los centros públicos y privados concertados que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional (FP) en la comunidad.

El motivo de la modificación es que el decreto anterior asignaba determinadas funciones a órganos administrativos que han sido suprimidos a raíz de los cambios en la estructura básica de las consejerías, cambios promovidos por el nuevo Ejecutivo del PP. En consecuencia, las funciones desempeñadas por los órganos suprimidos correrán a cargo de los nuevos creados.

Por otro lado, recientes resoluciones judiciales que resuelven litigios en torno a la aplicación de las normas sobre admisión de alumnos aconsejan, para garantizar la igualdad de oportunidades, modificar el sistema de desempate por sorteo en aquellos casos en que sea necesario determinar los alumnos que obtienen la plaza escolar solicitada.

Así, se sustituirá la ordenación alfabética de apellidos a partir del sorteo de letras por la selección mediante asignación aleatoria de un número a cada solicitante de cara al sorteo.

Por todo ello, y a propuesta del departamento que dirige Miguel Ángel Serna y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del pasado día 26, se ha acordado que las funciones asignadas a la Consejería de Educación dependan de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Asimismo, las funciones de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa pasarán a la Dirección General de Personal y Centros Docentes, mientras que las asignadas al Subdirector General de la Inspección de Educación correrán a cargo del Jefe del Servicio de Inspección de Educación.

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