Los salarios de los directivos de las entidades que han recibido préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como son BFA-Bankia, Banca Cívica, BMN y Caja España, no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a 600.000 euros, según el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Según los datos facilitados al Banco de España a finales del año pasado, sólo los máximos directivos de BMN se sitúan por debajo de este umbral, en tanto que los de Caja España se negaron a hacer públicas sus remuneraciones.

En concreto, el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, reconoció que percibía una remuneración anual de 2,34 millones de euros, lo que le coloca a la cabeza de estas entidades, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al que corresponden 2,26 millones anuales.

El presidente de Banca Cívica, Antonio Pulido, y su vicepresidente Enrique Goñi, reconocieron 900.000 euros, en tanto que el presidente de BMN, Carlos Egea, percibe un salario anual de 450.000 euros.

El Gobierno estableció también un límite de 300.000 euros a las remuneraciones que perciben los máximos directivos de las cuatro entidades intervenidas, y que están participadas mayoritariamente por el FROB como son el Banco de Valencia, Catalunya Caixa, Unnim y Novagalicia.

El presidente de Catalunya Caixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones anuales, y su director general Jaume Masana, 860.000 euros, en tanto que el director general de Unnim, Jordi Mestre, cobra 960.000 euros.

En Novagalicia, el presidente Jose María Castellano, y el consejero delegado, Cesar González-Bueno, reconocieron un salario de 890.000 euros anuales.

Estas limitaciones están contenidas en el Real Decreto Ley de Saneamiento del Sector Financiero, que aprobó este viernes el consejo de ministros y que, entre otros puntos, endurece las exigencias de provisiones de la banca, con objeto de contar con entidades más saneadas y eficientes, y promover una nueva ronda de concentraciones.

La nueva normativa aborda uno de los aspectos que ha generado en los últimos meses más malestar social, como son los altos salarios que perciben los directivos de los bancos y cajas que han percibido ayudas publicas.

El Gobierno pidió al Banco de España un informe con recomendaciones sobre este asunto, con objeto de introducirlo en la reforma financiera.

De Guindos indicó que el "este Gobierno está convencido de que su misión no es fijar los sueldos del sector privado, sino que aquellas entidades que han recibido ayudas públicas tengan retribuciones que garanticen que las finalidades que pretendían lograr dichas ayudas se cumplan, y que sean ejemplo para una sociedad sometida a muchos sacrificios".

Estas retribuciones, indicó, se establecerán en los estatutos de las instituciones.