La falta de trabajadores en el INEM provoca retrasos en el cobro de las prestaciones, según UGT

El sindicado en Málaga, provincia con 76.589 empleados públicos, defiende estos puestos como "garante" del Estado del Bienestar
Empleados Públicos
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EUROPA PRESS/UGT
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El sindicato UGT de Málaga ha advertido de que la falta de empleados públicos en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la provincia está provocando retrasos en el cobro de las prestaciones, que, junto con la demora derivada de la implantación de la cita previa, se sitúan en torno al mes.

Esta situación se agravará a partir del segundo semestre del año, dado que el número de funcionarios podría disminuir. El retraso podría llegar a ser, incluso, de tres meses, según ha explicado este miércoles en rueda de prensa el secretario de Administración General del Estado de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en la provincia, Germán García, quien ha aseverado que la situación de los trabajadores de este sector en Málaga es "desoladora".

Actualmente, la provincia cuenta con unas 20 oficinas del INEM, en las que trabajan alrededor de 365 empleados públicos. Sin embargo, las previsiones a partir de julio es que no se realicen contrataciones y que disminuya la plantilla, bien por la finalización de los contratos de interinos en julio o bien por una posible reducción del empleo público, que afectaría a casi una treintena de interinos que están en plazas que no se cubren por concurso.

Esto significaría que, a partir del mes de julio, todos los servicios públicos de empleo estatal en la provincia estuviesen atendidos por sólo 300 personas, provocando una demora en los reconocimientos de los expedientes de los ciudadanos y en las prestaciones a las que tienen derecho, ha alertado.

Y es que, "a menor número de funcionarios, si hay más demanda de usuarios en la prestación, lógicamente, los expedientes sufren una demora en todas las tramitaciones, no porque el empleado público deje de hacer bien su trabajo, sino porque llega un momento en el que no da a basto", ha precisado García.

El retraso en el cobro de las prestaciones también es consecuencia del sistema de cita previa implantado en las oficinas del INEM, pues, aunque es cierto que ha reducido las colas, ha originado una demora de entre una y dos semanas en la atención de las personas. Ello, unido al tiempo necesario para la tramitación de cada expediente, ha provocado que el beneficiario tenga que esperar casi un mes para recibir la ayuda.

Administraciones públicas y enseñanza

Esta situación de los empleados públicos también se registra en la Administración local —ayuntamientos y Diputación—, sus organismos públicos y las empresas —públicas o privadas— que prestan servicios públicos en la provincia, ha indicado la secretaria de Administración Local de la FSP de UGT, María Luisa Domínguez.

Domínguez ha señalado que, debido a la situación de crisis actual, estas entidades, en la mayor medida, están recortando el gasto por el lado del trabajador, los cuales, además, están sufriendo retrasos en el pago de sus nóminas. En la provincia ya se han despedido por causa económica más de 70 trabajadores en los últimos meses.

No obstante, la destrucción de empleo no sólo se está produciendo mediante la vía de los despidos, sino también a través de la amortización de plazas, de tal forma que se han eliminado puestos de trabajo que previamente habían sido ofertados, por lo que hay menos vacantes que cubrir.

En los últimos meses, ha aseverado la representante sindical, también ha sido una práctica generalizada en los consistorios que no se estén renovando los contratos temporales, que se dejen de percibir conceptos económicos derivados de la aplicación del Convenio Colectivo o Acuerdo de Funcionarios —productividades o ayudas sociales— o, incluso, la externalización de algunos servicios, gestionados ahora a través de empresas públicas mixtas o privadas, lo que no conlleva una mejor gestión.

En educación, la secretaria general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT, Teresa Blanca, ha defendido que, frente a lo que se piensa, "no somos tantos, ni somos culpables de la crisis, pero sí la pagamos". Ha afirmado que, aunque "aún no hemos sufrido recortes drásticos como en otras comunidades autónomas" sí se puede observar "cómo la crisis va incidiendo en la educación".

Como muestra, ha destacado que en el curso 2010-2011 se incorporaron 1.663 profesores nuevos, lo que supone un incremento del 1,73 por ciento; sin embargo, en el actual el aumento sólo ha sido de un 0,2 por ciento. Además, la oferta pública de empleo pasa de 4.000 plazas a 2.389 en este curso, aunque "también es verdad que es la más numerosa de España", ha apuntado la dirigente sindical.

Sanidad y ley de dependencia

Desde UGT también se ha defendido una sanidad pública frente al "repago", pues es "un servicio nuestro y para todos", ha manifestado el secretario de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de la organización sindical, Juan Miguel Contioso, quien ha señalado que la sanidad privada "debe existir, pero de manera complementaria".

"El repago sanitario penaliza a los que más necesitan el sistema público y son más débiles económicamente: principalmente pensionistas y jubilados", ha subrayado Contioso, al tiempo que ha destacado que, una vez que la economía mejore, se podría plantear incrementar en un punto el porcentaje del PIB destinado a la sanidad. "Con eso es perfectamente sostenible", ha apostillado.

Por otra parte, la organización sindical ha rechazado los recortes en la Ley de Dependencia, en defensa de los intereses del conjunto de los trabajadores y de sus familias. "No se trata ya sólo de defender sus condiciones laborales, se trata de la pura supervivencia de muchas familias", ha expresado la secretaria de Administración Pública de la federación de UGT, Marisa Rodríguez.

Como ha explicado, desde el punto de vista de la creación de empleo, esta norma origina unos 10.000 puestos sólo como cuidadores profesionales en Málaga. Además, 20.000 personas reciben una prestación económica como cuidadores del entorno familiar, que, aunque no son contratos de trabajo, sí cotizan a la Seguridad Social.

De las 6.000 personas que se benefician de la ayuda a domicilio, se pueden calcular un puesto de trabajo por cada tres beneficiarios, lo que supone unos 2.000 empleos más. También están los trabajadores que cubren las 900 plazas de los centros de día, las 2.900 de residencias o los 300 empleados que cubren la teleasistencia, entre otros. "MASIFICACIÓN"

El sindicato también ha hecho referencia a la "masificación" que se da en la cárcel provincial de Alhaurín de la Torre (Málaga), que fue concebida para una población de 900 reclusos y que alberga a casi 1.500 internos; así como a la "insuficiencia" de personal para mantener el centro, dentro de los parámetros de control y supervisión normal.

Una situación similar es la que presenta el Centro de Inserción Social (CIS) Evaristo Martín Nieto, "el segundo más masificado de España, después del Victoria Kent de Madrid", con casi 500 internos, han dicho, considerando una solución la apertura del centro penitenciario en Archidona (Málaga).

Campaña y propuestas

Con el objetivo de concienciar a la sociedad de que recortar los servicios públicos es "desmantelar el Estado del Bienestar conseguido", las federaciones de Servicios Públicos y de la Enseñanza de UGT han iniciado la campaña 'Lo público es por ti. Lo público es para ti'.

"Defendemos la prestación del servicio publico por empleados públicos, pues somos los garantes de que se preste de forma gratuita y universal", ha aseverado la secretaria general de la FSP de UGT Málaga, Beatriz Fernández, quien ha anunciado que el sindicato aboga por elaborar un modelo tributario que permita incrementar la capacidad recaudatoria del Estado y de las comunidades autónomas y establecer un suelo de gasto social para garantizar la existencia y continuidad del Estado del Bienestar.

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