Los sindicatos se han desmarcado del Acuerdo sobre la Justicia, texto rubricado por la Junta de Castilla y León y otros seis colectivos implicados que fija la postura de la Comunidad para la asunción de unas competencias de Justicia "bien valoradas" y que se entregará al ministro, Alberto Ruiz Gallardón, el próximo 20 de febrero.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, quien hará entrega del documento al ministro, ha lamentado este miércoles que los sindicatos no hayan firmado finalmente el documento, que fija la postura de la Comunidad en la asunción de las mencionadas competencias y que esta mañana ha sido firmado por representantes del Ministerio Fiscal, Consejo General del Poder Judicial, Notarios, Abogados, Registradores y Procuradores.

La última reunión con los representantes de los trabajadores tuvo lugar ayer, según el consejero, quien ha recalcado, no obstante, que sindicatos como UGT o STAJ no son contrarios al contenido del documento pero lo consideran "una cuestión política", entienden que el texto urge a la transferencia de las competencias o creían que faltaban cuestiones relativas al futuro del personal.

Por ello De Santiago Juárez, a quien le "hubiera gustado" que los sindicatos hubieran firmado el documento, ha aclarado que el actual no es el momento para hablar de ciertas cosas ya que el texto sirve, únicamente, para fijar la posición "no de la Junta, sino de la Comunidad" para llevar a cabo la transferencia.

Entre las novedades recogidas en el documento, además de la aclaración de que la coyuntura económica actual "no es la más adecuada" para un proceso de transferencias, aspecto sobre el que el consejero ha hecho especial hincapié a lo largo de su comparecencia, figura también la demanda de que tanto los compromisos adquiridos por el Gobierno central con los representantes de los trabajadores como los que derivan de resoluciones judiciales previas a la transferencia sean atendidos.

Asimismo, se recoge la creación de una "especie" de Comisión de Seguimiento para informar a los colectivos implicados sobre los acuerdos que pudieran alcanzarse —la siguiente reunión con los firmantes tendrá lugar el mismo día 21 para trasladarles el contenido de la reunión mantenida con el ministro a fin de entregarle el documento— así como para recabar su asesoramiento a lo largo de todo el proceso.

"La Junta se ve respaldada por distintos sectores en un tema tan importante como el de la Justicia", ha aseverado antes de recalcar, sobre el futuro proceso, que la Junta no admitirá la transferencia de "deuda o déficit". "Sí a la Justicia pero no al déficit".

El contenido del acuerdo

La Junta estima en más de 162 millones el coste para el traspaso de las competencias en materia de Justicia, cuantía que excede en 30 millones la última propuesta realizada por el entonces Gobierno socialista, cifrada en 133,5 millones.

A ello el Ejecutivo autonómico suma, además, la aplicación de cinco cláusulas de garantía, no cuantificadas, para que la Administración central afronte compromisos en materia sindical y obras pendientes en infraestructuras, informatización y creación de nuevas unidades judiciales.

Tal y como ya lo adelantara el pasado 30 de noviembre el consejero de la Presidencia y portavoz, la propuesta inicial elaborada por el Ejecutivo regional sitúa las exigencias de Castilla y León para asumir el traspaso de la Justicia en más de 139,5 millones de euros de coste efectivo más otros 8,7 millones para inversiones en edificios judiciales en mal estado, 15 millones para modernización de programas y equipos informáticos y 13 millones para la justicia gratuita y el turno de oficio.

El texto recoge, para la atención de la Justicia de Paz, la transferencia de 2,4 millones así como otras dos cláusulas sobre personal, a fin de que no se produzcan perjucios para sus derechos económicos y profesionales, y Oficina Judicial, punto en el que se recoge que el traspaso debería e incluir una cláusula que garantice que los costes de material, personal e infraestructuras derivados de la implantación de la Oficina Judicial y su puesta en marcha sean asumidos por el Estado.

De Santiago-Juárez ha recordado este miércoles que la inclusión de las cláusulas no es ninguna invención del Ejecutivo sino que ha sido una práctica habitual en el traspaso de competencias a otras autonomías, como es el caso de lo ocurrido en Cataluña en esa misma materia o en Canarias con respecto a la sanidad.

El Acuerdo ha sido rubricado, por parte de la Junta, por José Antonio de Santiago-Juárez; por parte del Ministerio Fiscal, por Manuel Martín-Granizo, fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad de Castilla y León; por el Consejo General del Poder Judicial, por Antonio Fonseca, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y por los Abogados, por Fernando García-Delgado, presidente del Consejo Regional de los Ilustres Colegios de Abogados de Castilla y León.

Asimismo lo han rubricado, por parte de los Procuradores, por Fernando Santamaría, presidente del Consejo Regional de Procuradores de los Tribunales de Castilla y León; por parte de los Notarios, por María Teresa de la Fuente Escudero, decana del Colegio Notarial de Castilla y León, y por parte de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, por Adoración Reyes Gómez de Liaño, decana autonómica de los Registradores.