La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha mostrado este miércoles "su desacuerdo" con el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros por el que se suspende, "temporal e indefinidamente", la concesión de primas a las nuevas instalaciones de energías renovables y pide "un trato diferenciado" para la biomasa forestal.

Según ha señalado en una nota, la AAEF entiende que "no todas estas energías pueden ser tratadas del mismo modo, ya que algunas contribuyen de forma efectiva a la mejora del medio ambiente y a la creación estable de puestos de trabajo", en referencia a la biomasa. Además, argumenta que, "dada la falta de empleo en las zonas rurales", la generación de energía a través de biomasa forestal debería contar con un régimen específico de retribución, tal y como se prevé en el art.3.3 de la citada normativa.

Según los datos de los que dispone la Asociación, el balance entre el coste que le supone al Estado el abono de las primas a este modelo de generación eléctrica y los beneficios ambientales y sociales que genera, como por ejemplo el mantenimiento estable de las masas forestales y el número de empleos generados al año, hacen que esta inversión sea "positiva" para la Administración pública y para el conjunto de la sociedad, según ha comentado.

Por ello, la AAEF va a proponer "un acuerdo multilateral" con el resto de organizaciones implicadas en este sector para solicitar a los ministerios competentes en esta materia, a saber, Industria, Energía y Turismo y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la creación de una mesa de trabajo en la que poder valorar estas ideas y reivindicar un régimen económico específico para estas instalaciones, así como el derecho a la percepción de ayudas concretas.

En ella, la patronal andaluza pretende proponer el que ha denominado 'Plan 200', por el que se solicitará al Estado la concesión de 200 megavatios (MW) para la comunidad autónoma de Andalucía, lo que supondría, según los cálculos efectuados, la conservación del 25 por ciento de la superficie forestal andaluza, la generación de 4.000 puestos de trabajo directos al año y un balance positivo en las arcas del Estado, y todo ello, sin tener en cuenta el menor gasto que se produciría para la Administración al dejar de abonar la prestación por desempleo a este número de trabajadores y los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF.

Además, añade que se conseguiría "la reactivación económica de zonas rurales deprimidas, sin posibilidades de otra actividad que no sea la vinculada directamente con el medio natural".

La medida del Gobierno Central "dejaría sin efecto práctico la reciente Orden por la que se regula el aprovechamiento forestal con fines energéticos en Andalucía, una Orden que ha sido muy esperada por el sector y por la que estaba luchando en los últimos tiempos y que, a una semana de ver la luz, se ve seriamente comprometida".