La Consejería de Agricultura ha asegurado que la ratificación, por parte de el Tribunal de Justicia de la UE, de la sanción de 55 millones de euros impuesta por la Comisión a España por permitir plantaciones de viñedos ilegales no afecta ni a los viticultores ni a los presupuestos de Castilla-La Mancha.
En nota de prensa el Gobierno regional ha asegurado que la sanción ya fue liquidado en el año 2008 por el Estado y que el importe de la cantidad corregida equivale al 10 por ciento de los gastos declarados durante los ejercicios financieros 2003 y 2004 en concepto de ayuda para el almacenamiento privado de vino, ayudas para la destilación y almacenamiento de alcohol, ayuda para la utilización de mosto y restituciones por exportación en el sector vitivinícola.
España presentó recurso de anulación, por considerar desproporcionada la corrección financiera en relación con la debilidad detectada, así como por entender que no se habían respetado determinadas garantías en el procedimiento, ha recordado el departamento que dirige María Luisa Soriano.
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