La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha expresado este miércoles su confianza en que antes del verano se suscriba un pacto sociosanitario con las comunidades autónomas, para que "los ciudadanos puedan estar tranquilos" de que "nadie pondrá en riesgo" sus derechos sanitarios y sociales.

En su primera comparecencia en el Congreso, ha explicado que se trataría del lograr un acuerdo similar al Pacto de Toledo para las pensiones, en el que se agruparían los objetivos a lograr tanto en Sanidad como en Servicios Sociales.

"El pacto va a ser para mí un propósito irrenunciable, al que habrá que dedicar esfuerzo, lealtad y colaboración de todos", ha subrayado la ministra, quien ha precisado que en este primer trimestre convocará a los Consejos Territoriales y Conferencias Sectoriales para poder fijar el contenido de los acuerdos.

Mato ha considerado que este acuerdo es "clave" para mejorar el cuidado y la atención de las personas, porque los resultados en salud y en atención social son "interdependientes". Ha afirmado que no se trata de un pacto "ambicioso", sino "realista", y "obligación de todos llegar a él", en un contexto de crisis económica.

De esto dependerá "directamente" la capacidad de implantar un modelo sociosanitario por primera vez en España, según ha argüido la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este gran acuerdo tendrá su expresión en una propuesta, que Mato se ha comprometido a trasladar a las fuerzas políticas, para articular un anteproyecto de Ley de Servicios Básicos.

Tras cifrar la deuda sanitaria en 15.000 millones de euros, la ministra ha expuesto que, a través del consenso con las CCAA, se buscarán las "fórmulas" para que el sistema sanitario sea "sostenible sin menoscabo de la calidad asistencial".

Mato no se ha referido en su discurso a la anunciada reforma del aborto, aunque, a preguntas de los parlamentarios, ha reiterado que irá dirigida a defender la vida en los términos de la sentencia del Tribunal de Constitucional de 1985 y a que "las menores tengan el apoyo de sus padres a la hora de enfrentarse a una situación tan dramática".

En esta reforma, ha ceñido el papel de su ministerio a la adopción de medidas para que las mujeres y las jóvenes embarazadas tengan otras opciones y "no se vean enfrentadas a la necesidad de abortar".

Respecto a la píldora del día después, que actualmente se vende en farmacias sin prescripción médica, ha solicitado un "informe médico y científico" sobre sus repercusiones en la salud en la población femenina en general y, especialmente, en las menores que todavía están en desarrollo.

La ministra ha adelantado que el Gobierno implantará en el Sistema Nacional de Salud la libre elección de centro médico, facultativo, enfermero o pediatra, con el objetivo de que los españoles puedan tener "la opción de participar, cada vez más, en las decisiones sobre su salud".

Varios portavoces parlamentarios, entre ellos la del PSOE, Pilar Grande, han expresado su preocupación por el hecho de que esta medida pueda conllevar una "privatización encubierta" del sistema. La ministra también se ha comprometido a implantar la "e-salud", aplicando las nuevas tecnologías al sistema sanitario, entre ellas, la tarjeta sanitaria electrónica.

En políticas sociales, se ha referido la elaboración de media docena de planes en relación con la familia, la infancia, la discapacidad, de emancipación juvenil y para combatir la violencia de género, junto a un Estatuto del Mayor. Mato ha avanzado la elaboración de un Plan Personalizado contra la Violencia de Género destinado a proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos menores de manera individualizada.

Sobre dependencia, ha expuesto que promoverá un acuerdo con las comunidades autónomas para establecer un "único" catálogo de servicios sociales, un baremo y criterios comunes para determinar la "capacidad económica" de los usuarios, además de introducir en la financiación incentivos a la atención a través de servicios profesionales.

El Plan Integral de Apoyo a la Familia incluirá una revisión de los impuestos que pagan las familias "con el fin de elevar la equidad fiscal". Además se ha comprometido a elaborar el Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015 y dentro de la estrategia sobre discapacidad el Plan de Acción 2012-2015, para impulsar un nuevo marco legal de promoción laboral.